La corrupción el mal eterno, también se le recuerda con un día específico, es el Día Internacional contra la Corrupción, que este año 2023 tiene por objetivo poner de relieve el vínculo crucial entre la lucha contra la corrupción y la paz, la seguridad y el desarrollo.
Desde el año 2003 se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, cada 9 de diciembre, una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a cargo de los demás.
Según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente un billón de dólares en sobornos, eso sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suelen robar 2,6 billones de dólares mediante la corrupción, esto implica un total del 5% del producto interior bruto (PIB) mundial.
Esta cifra es sobre todo perjudicial en los países en desarrollo, donde el dinero que se pierde es diez veces mayor al dinero que se dedica para asegurar una calidad de vida acorde a los ciudadanos. La lucha contra este delito es un derecho y una responsabilidad de todos y todas, y que solo a través de la cooperación y la implicación de todas y cada una de las personas e instituciones podremos superar el impacto negativo de este delito.
Los Estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico, el público y los jóvenes tienen un papel que desempeñar para unir al mundo contra la corrupción.
En nuestro país, a propósito de esta fecha la Contraloría General de la República señaló que como parte de los esfuerzos en su lucha contra la corrupción y mediante el uso de la inteligencia artificial (IA) se logró identificar cerca de 2200 proveedores que pactaron contratos con el Estado por más de S/ 584 millones pese a estar impedidos de hacerlo por tener vínculos con altos funcionarios públicos. En ese mismo sentido, se detectó a casi 700 personas que trabajan en el sector público a pesar de estar inhabilitados.
Y esa es parte de la desgracia económica de nuestro Perú, además que la Contraloría si bien detecta los casos, muchas veces luego del término de las gestiones de las autoridades de los diversos niveles de gobierno, tampoco tienen fuerte poder para frenarlos cuando lo ubican en pleno ejercicio de las gestiones. Pareciera que falta un trabajo mejor articulado entre los entes de control, fiscal y judicial.
Así como ajustes en la legislación para un efectivo control del dinero del Estado. Hasta da la impresión que estaría amañado, como se diría “hecha la ley, hecha la trampa”. Una reingeniería a todo este sistema, sería muy oportuno, porque los resultados siguen siendo desastrosos para el país.