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Se ha cumplido con la orden judicial que aceptó el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente del país Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes acatando la resolución del juez se presentaron demostrando respeto a la ley, así como a la autoridad, en este tema puntual.
Si todos camináramos derecho en todos los aspectos, con más énfasis en el manejo de los recursos del Estado y con recursos que deben cumplir un objetivo y estos no sean desviados, la historia de nuestro país sería distinta. A veces queremos dar la razón a los países que dan pena de muerte a quienes roban el dinero nacional mediante distintas modalidades. Pero, es algo extremo y en demasía doloroso.
Con este comentario no queremos decir que la expareja presidencial es culpable de algo, para nada, es una reflexión en voz alta como alguna vez Heredia publicó: “tan difícil es andar derecho”. Y nos hace recordar a todo lo que se viene evidenciado no solamente con ellos, sino, en otras exautoridades que parece tienen todavía corona. El clamor del pueblo peruano es que investiguen a todos y si todos tienen que pagar condena carcelaria, que lo paguen.
A los Humala se les sigue investigando casi todo, hasta los recursos con los que financiaron la campaña electoral a la Presidencia de la Nación, y la gran pregunta es, cuándo procederá la investigación rígida hacia los otros y otras que tienen sospechas e indicios nada regulares del manejo del dinero donado a sus grupos políticos partidarios.
Es por eso y más que nunca que el Congreso de la República debe tomar como suyo el proyecto de ley de la Reforma Electoral que lideró la congresista Patricia Donayre. Caso contrario entenderemos que nos les interesa y nos sembrarán más dudas de la que ya el pueblo peruano está atento. Así, es importante destacar la madurez ciudadana que lamenta la situación de la familia Humala Heredia, pero que se trata de responder por las acciones, y si la apelación presentada les asiste, esto se respeta.
En torno a esta noticia que debe marcar historia en nuestro país, de un antes y un después, en beneficio de la credibilidad hacia quienes administran justicia. Si bien se ha consumado el mandato de prisión preventiva, entendidos en la materia legal señalan que la acusación fiscal está demorando para que de una vez se inicie el proceso judicial que lleve finalmente si hay o no culpabilidad de la expareja presidencial, o en su efecto el grado del mismo y la sentencia que correspondería.
El presidente del Poder Judicial ha sido firme al manifestar que respeta las acciones de los jueces y que no existe ningún tipo de presión ni a favor, ni en contra, siendo la única invocación el actuar con responsabilidad y conforme al derecho, y que todos debemos respetar la decisión de los magistrados, porque siempre habrá quienes estén a favor o en contra de una decisión. Para ambos casos las herramientas legales están disponibles.

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