Que si perdimos la oportunidad de sembrar bases estructurales de desarrollo cuando estábamos en el auge del canon petrolero, es cierto, como también es cierto que desde el gobierno central no ejercieron un control sobre los millonarios recursos de este fondo que nació para obras de infraestructura.
Es lamentable recordar que poco a poco se “ingeniaron” para aumentar la burocracia estatal y pagar sueldos con el canon petrolero sea por el “tarjetazo” o con las “recomendaciones”, generando incompetencias en el sector público.
Invertir en obras de infraestructura para el desarrollo hubiera generado puestos de trabajo dignos en cada una de las provincias y no provocar una migración hacia Iquitos que concentraba los beneficios del canon petrolero, pero solo generando empleo como parte del “clientelaje político”.
La oferta de campaña política del valor agregado a los recursos naturales, siempre fue un engaño, porque invertir en ello es ver resultados a mediano y largo plazo, mientras que invertir haciendo pequeñas obras y mal hechas, incluyendo en las comunidades rurales la fanfarria de los aniversarios con trago incluido, como una forma de popularidad para votos inmediatos en las reelecciones, cuando esto último estaba instaurado.
Lo que se invirtió en infraestructura no respondía a un plan regional, ni provincial, ni distrital, es más se cometió hasta la insensatez de no continuar con las obras inconclusas o los proyectos que no se concretaron del gobierno anterior, la nueva autoridad no lo continuaba por revanchismo o porque se rumoreaba no había recibido la “coima inicial”, ahora los indicios nos llevan a entender que todo ello tiene esa lógica en el marco de la corrupción.
Es así que la inversión en algo con visión se convertía en el “espejismo del canon”. Esto ya pasó, pero aun, no existe el compromiso de trazar una ruta del desarrollo que todo gobierno de turno tiene la obligación patriótica de seguir, y de no hacerlo debería ser considerada una traición a los intereses de la casa común que es el país, la región, la provincia, el distrito y la comunidad rural e indígena.
El canon es casi nada económicamente en la actualidad, luego vino el fideicomiso que está a punto de sufrir un retroceso también por mezquindades políticas, falta de articulación y consenso político para la priorización de los proyectos constructivos. Entonces salta a la escena los 6 mil millones de soles aceptados para obras en el marco del diálogo con los pueblos del circuito petrolero.
El requisito y también el entrampamiento es la elaboración de los perfiles y los expedientes técnicos que deben presentar los gobernantes para que se aprueben las obras, pero el dinero para costear estas elaboraciones no hay, no todos tienen la disponibilidad y quizás funcionen los convenios de apoyo para que el fondo producto de la lucha indígena se aproveche al máximo en proyectos con visión y de calidad.
Expedientes son la clave
