Diversos sectores preocupados por la conservación ambiental y la biodiversidad, han empezado a pronunciarse -con razón o sin ella- sobre la postura del presidente Alan García frente a la autógrafa de ley del Congreso que proponía una moratoria de diez años para el ingreso de semillas transgénicas. El gobierno aprista -y en especial el presidente García- ha perdido una valiosa oportunidad para demostrar su independencia de los poderosos lobbies pro transgénicos que operan en el país. Sobre todo cuando no está dicha la última palabra científica sobre este delicado tema.
El ministro de Agricultura, Jorge Villasante, ha sostenido que sólo se requiere cinco años para abrir las puertas a los alimentos modificados y que la ley observada tiene deficiencias y puede generar problemas en actividades relacionadas con la biotecnología y la medicina. Todo esto creemos que podía ser corregido prudentemente, tras aprobar la norma y cerrarle la puerta momentáneamente a los transgénicos, hasta que sus efectos sobre la salud humana y el ambiente sean evaluados con mayor rigor científico.
Villasante sostiene que la norma protectora de nuestros recursos y ecosistemas atenta contra la Organización Mundial de Comercio. Esto sería perfectamente manejable si hubiese la intención de declarar al Perú territorio libre de transgénicos, al menos por diez años, como han hecho varios países desarrollados.
No obstante, en este tremendo avance tecnológico existen opiniones divergentes: La que se mantiene en contra de la manipulación genética de los alimentos en razón a que esto atenta contra la salud de la población. Estas voces se originan en que existen campos con diversas dudas concernientes al tema, que la ciencia no ha develado completamente.
Dada la corta historia de este trascendental avance científico, existe poca legislación que controle o regule la utilización de esta ciencia. Al respecto, una de las pocas condiciones que se debe cumplir es la de respetar una directiva europea de l997 que obliga a que los productos transgénicos a demostrar sean necesarios y útiles; seguros para la salud humana y el medio ambiente, que sus características sean declaradas y se mantengan a través del tiempo y que posean un etiquetado detallado donde se especifique que el producto está modificado genéticamente. De allí nuestra auténtica preocupación y que no es una posición intransigente o antojadiza.
