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“Hemos pedido que se escuche a las líderes de las mujeres Kukamas en audiencia de apelación”

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  • Sostiene abogado, Juan Carlos Ruiz Molleda

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto ha convocado a audiencia de apelación para el próximo jueves 9 de mayo en el caso de sujeto de derechos del río Marañón. Todos los demandados han apelado, lo que convierte a esta audiencia de suma importancia.
Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto Defensa Legal, destacó que han solicitado que se permita escuchar a las líderes de las mujeres Kukamas, quienes presentaron la demanda original. El tribunal escuchará a ambas partes, realizará preguntas y emitirá sentencia.
Ruiz Molleda destacó la importancia de este momento, señalando que los derechos del medio ambiente deben interpretarse según lo establecido por la Corte Interamericana. Esto contradice la posición del Ministerio del Ambiente, que argumentó en su apelación que no hay base jurídica para reconocer los derechos del río. Sin embargo, la Corte Interamericana ha reconocido en tres ocasiones que la naturaleza tiene un valor en sí mismo.
El abogado resaltó que sí existe cobertura normativa para la tesis que están defendiendo y criticó la postura de los jueces de Lima, enfatizando que la concepción de los pueblos indígenas debe ser tomada en cuenta.
Ruiz Molleda hizo referencia al artículo 13 del Convenio 169, un tratado internacional que establece la obligación del Estado de respetar la relación espiritual de los pueblos indígenas con su territorio. Señaló que este convenio exige que el Estado, al impartir justicia, considere las diferencias culturales, como en el caso del pueblo Kukama, que considera al río Marañón como un ser vivo y sagrado.
Enfatizó que en el Perú existen 75 pueblos indígenas, cada uno con su propia perspectiva. Asimismo, rechazó la idea de que el río sea simplemente un recurso natural explotable, señalando que otorgar derechos al río implica establecer límites, como la prohibición del vertido de residuos sólidos.
Finalmente, Ruiz Molleda destacó que la principal resistencia a este reconocimiento de derechos proviene de empresas mineras y petroleras que contaminan los ríos en aras de lucro.
(K. Rodriguez)

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