Estarían esperando el último momento, o se resisten a enviar la lista, o en su efecto el registro que tienen no estaría completo y están revisando. Algo de estas situaciones debe estar ocurriendo en las Unidades de Gestión Educativa Local-UGEL, para que todavía no envíen a la DREL el informe de los casos de denuncias contra docentes por delitos sexuales.
Vamos a pensar que las oficinas de asesoría jurídica de las UGL quieren enviar informes detallados de los procesos que vienen siguiendo en el caso de las denuncias contra docentes que presuntamente agredieron a sus víctimas, que son sus propias alumnas del aula. Las infantas que más deberíamos cuidar.
Y mientras las Unidades de Gestión Educativa se toman el tiempo para reportar a la dirección regional de Educación de Loreto, el ministerio de Educación ha sido muy puntual al solicitar información sobre las 55 denuncias contra docentes por violencia sexual, hostigamiento y acoso sexual.
Esta información obviamente tiene que contar con el nombre de los involucrados porque el Minedu quiere verificar si fueron contratados este año 2019. Por lo menos en aula no deben estar. Eso está señalado en una directiva del ministerio. Es posible que mientras dure la investigación en determinados casos estén en funciones administrativas, a disposición de las oficinas de Personal, más no cerca a los escolares.
Ninguno de nosotros como padres o madres de familia quisiéramos que nuestros menores hijos estén en aula con un personal docente que puede ser un riesgo potencial para la integridad física y psicológica.
Lo que al parecer ha venido sucediendo es que estos docentes acusados habrían sido contratados en alejadas comunidades rurales, a fin de que no sean vistos en colegios donde los podrían identificar, y esto es lo que se habría detectado.
Al parecer ciertas Unidades de Gestión Educativa Local estarían prescindiendo de aquellos contratos para luego hacer llegar el informe respectivo a la DRE Loreto y esta entidad a su vez al ministerio de Educación, que como es sabido esto de las acusaciones de violaciones sexuales se conocen desde hace tiempo, solamente que se tapaban con el reconocimiento del bebé y la asistencia, o porque los padres y madres de la escolar afectada decidían por equis razones no realizar ningún proceso. Se tiene que rechazar el silencio cómplice, venga de donde venga.
A esta altura del escándalo, recién la representatividad del sindicato más antiguo de profesores de la educación básica del país, alza la voz para decir que los docentes que hayan incurrido en acoso sexual serán expectorados del gremio y del magisterio, y con debida sanción administrativa y penal. Como ciudadanía debemos estar alertas para lograr que solo enseñen educadores decentes, capacitados y con comprobada ética y moral.
¿Silencio cómplice?
