Un informe de OSINERGMIN de julio del 2015 señalaría que el revestimiento de ductos expuestos (afectados por corrosiones), solo fueron cumplidos al 20%, y qué va pasar con ese restante 80% de la tubería que faltaría refaccionar? Lógicamente que se seguirán produciendo más derrames de petróleo y más contaminación.
Entonces, quién miente en todo esto, los habitantes de las comunidades nativas que reclaman cuando se producen los derrames de petróleo por las tuberías viejas que están deterioradas? O quienes echan la culpa a los moradores diciendo que ellos lo hacen a propósito? O podría ser ambas situaciones. Hasta la fecha las investigaciones policiales y fiscales miran de reojo el tema.
De momento lo más cierto en todo eso, es que hay tuberías en mal estado por el paso de los años (más de 40) que no han recibido el mantenimiento adecuado y que desde hace buen tiempo necesitan ser cambiadas por tubos nuevos en todo su trayecto hasta el norte del país, donde sí se proyectó una millonaria obra de reconstrucción de la Refinería de Talara.
Y aquí tenemos que decir que los expertos de la empresa estatal petrolera Petroperú deben haber analizado en algún momento esta situación de los ductos, pero nunca habrían proyectado su cambio total. Incluso se comenta que las características del petróleo para lo que fue diseñado el Oleoducto han variado y el tipo de crudo que tenemos ahora ejerce una mayor presión a los tubos obsoletos, contribuyendo a la fuga.
Otro aspecto inexplicable es que si no se está bombeando petróleo, por qué hay contenido en las tuberías y si lo están haciendo qué entidad tiene que informar a la ciudadanía sobre la real situación en la administración petrolera, porque cuando se requiere entrevistas, nos indican que tenemos que gestionarlo en Lima, y esto fue corroborado por el mismo presidente del directorio de Petroperú en una reunión pública en el IIAP. Así sin rubor.
Y las autoridades que podrían tener acceso seguro a estas informaciones como los congresistas de la República, el gobierno regional o las municipalidades a través de AMRELOR, tampoco se interesarían y si lo tienen están en el deber de hacerlo público, hasta tienen la obligación.
Todo esto y más, es parte del sistema en torno a la explotación petrolera que debería ser de dominio público, no solamente en las cuatro paredes de las sofisticadas oficinas de Petroperú que bien lo merecen o de una élite de profesionales y políticos gobernantes. Es como que alguien entró a tu casa y no manejas la información de lo que hacen, no hacen y deberían de hacer.
Es lo que pasó con el Oleoducto Nor Peruano, que en 40 años nadie se preocupó en averiguar y saber el tiempo de vida útil de esos tubos que son una amenaza latente porque siguen contaminando nuestra selva de Loreto perjudicando a las comunidades indígenas y el riesgo de llegar hasta Iquitos por la ruta del río Marañón ¿Estará en la agenda de los congresistas loretanos exigir el cambio del Oleoducto a través de algún proyecto de ley que lo declare de necesidad pública nacional? Buscaremos respuestas.
