Las invasiones de terrenos privados es un delito que se comete desde hace décadas como en el 70 y 80, donde se registraron enormes enfrentamientos con la policía, fue cuando Iquitos empezó a crecer de forma desordenada.
Actualmente se utilizan los mismos argumentos, que en las extensiones de tierras con título de propiedad no hay nada, lo que en la mayoría de los casos resulta falso, porque hay diversos tipos de plantaciones y animales de crianza, que son arranchados y desaparecidos.
Unos tantos propietarios finalmente deciden negociar con los invasores y otros siguen juicios interminables como varios asentamientos humanos que están en este proceso, y donde a pesar de una situación jurídica incierta, ya se han formalizado servicios básicos como electrificación.
De los que siguieron juicios unos tantos han logrado recuperar su propiedad y retomar sus actividades agrarias, pero como es de conocimiento de todos nosotros muchos han perdido la esperanza, y bueno, recuperan algo con cuotas mensuales de los lotes que tuvieron que reconocer.
En este tema, es cierto que hay traficantes de terrenos que buscan información en los Registros Públicos, en la dirección Agraria y otras entidades, para justificar su intromisión a terrenos privados, y con el argumento que les dieron para producción agraria y no cumplieron, irrumpen sin respetar que ya tienen títulos de propiedad.
Es cierto también que falta un control sobre los terrenos que entregan cuando son de libre disponibilidad del Estado, pero es cierto también que los invasores la buscan fácil entrando a tierras ya trabajadas y que para sus propietarios significan muchos años de inversión y trabajo.
Tal vez una solución sea que se ubiquen terrenos libres y que se loticen y sean entregados mediante sorteo a las familias registradas que lo necesiten, para construir sus viviendas, que representa una necesidad básica que cubrir y es función de las municipalidades propiciarlo.
Deben recordar los alcaldes que la expansión urbana, planificada y debidamente organizada es parte del trabajo edil, y desde que tenemos uso de razón no se ha dado esta oportunidad para quienes realmente lo requieren dejando sin piso, a los traficantes de terrenos que, además deben ser identificados y procesados. No hay derecho a atentar contra la propiedad y el trabajo de ningún ciudadano o ciudadana.
Invasión a tierras trabajadas
