– En sesión de trabajo congresal sobre la normativa.
– Convocarán a los principales dirigentes agrarios de nivel nacional y regional a fin de escuchar la aplicación de la ley.
– Dirigentes campesinos denunciaron a la SUNARP porque estaría incentivando la titulación individual de la propiedad de tierras comunales.
Dirigentes campesinos denunciaron la falta de claridad para la implementación de la consulta previa y sobre todo, los criterios que manejan las autoridades para determinar qué comunidad campesina es indígena o no. «Ancestralmente todas las comunidades campesinas tienen sus raíces en pueblos originarios y deben ser considerados como tal», dijeron durante su participación en la sesión del grupo de trabajo de Seguimiento e Implementación de la Ley de Derecho a la Consulta Previa, que preside el legislador Federico Pariona (FP).
El grupo aprobó el plan de trabajo que guiará sus acciones en los meses siguientes y su objetivo es realizar el seguimiento a las distintas entidades del Poder Ejecutivo y otros niveles de gobierno que se encargan de la implementación de la Ley de Derecho a la Consulta Previa hacia los pueblos indígenas u originarios, reconociendo en el Convenio 169 de la OIT su fundamento principal de ser consultados en forma previa a tomar medidas legislativas o administrativas que afecten sus derechos colectivos, sobre su existencia física e identidad cultural.
Entre las principales acciones que contempla en su plan de trabajo está la de convocar a los principales dirigentes agrarios de nivel nacional y regional a fin de escuchar la aplicación de la ley en el ámbito de su jurisdicción.
Invitar a diferentes autoridades involucradas como el ministro de Cultura, ministro de Energía y Minas para que expongan sus planes operativos e implementación de la ley de consulta previa en la exploración y explotación de los lotes concedidos.
En la sesión de ayer estuvieron presentes Antolín Huascar Flores y Marcelino Bustamante, vocero del Pacto Nacional, presidente de la Confederación Nacional Agraria y secretario de la misma organización.
También Jorge Prado, secretario del Frente Amplio de la Confederación Campesina del Perú y Erika Chávez Huamán su coordinadora del Impacto de Unidad.
Los dirigentes campesinos coincidieron en denunciar a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) institución que mediante una directiva – según dijeron- estaría incentivando la titulación individual de la propiedad de tierras comunales.
Antolín Huáscar mostró su preocupación por la decisión de SUNARP e implementación de la mencionada directiva y por el futuro de ‘atomización’ que les espera a los terrenos comunales. «Esto atenta contra nuestra conformación histórica, si un comunero tiene 10 hijos dividirá sus tierras en pequeñas parcelas; actualmente el padre comunero deja las tierras al hijo que se queda a trabajarla y la comunidad conserva su integridad territorial», explicó y reclamó acciones inmediatas para evitar estos hechos.
Asimismo, denunciaron que hace cinco años se creó el Fondo de Desarrollo Rural y Productividad Agropecuaria pero que hasta la fecha no fue implementado, no obstante que su objetivo fue promover a las zonas rurales para garantizar la seguridad alimentaria y desarrollo del sector agropecuario a través del financiamiento de proyectos productivos.
La legisladora Verónica Mendoza (AP-FA) sostuvo que el grupo elaborará un informe escrito al término de su vigencia en el que plasmarán los resultados de las acciones desarrolladas. Este informe se elevará a la Comisión de Pueblos Andinos, amazónicos y Afroperuanos, ambiente y Ecología y a la Presidencia del Congreso de la República. (CR/D.López)
Constatan dificultades para implementar Ley de Consulta Previa en pueblos indígenas
