Por: Bryan Alberto Jara Palomino y Fiorella Alexandra Fiestas Acosta.
Programa de Política y Gobernanza Ambiental y Unidad de Comunicaciones Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA.
En agosto de 2017, durante la anterior gestión del Gobierno Regional de Loreto (Gorel), se adjudicó al Consorcio Jeberos la construcción del I tramo de la carretera Yurimaguas-Jeberos (desde Yurimaguas hasta Jeberillos), equivalente a más de 27 kilómetros por un costo total de casi 53 millones de soles. Tramo que une a Yurimaguas, una ciudad de aproximadamente 60 mil personas, con el centro poblado de Jeberillos alberga poco más de 250.
Esta vía, con una extensión total de 72 km, ya se encontraba prevista en el Plan de Desarrollo Regional Concertado “Loreto al 2021”, que tenía como uno de sus objetivos estratégicos mejorar la infraestructura para fortalecer la competitividad regional. Esta carretera contribuiría a lograr ello. Así, dicho proyecto empezó a ejecutarse en octubre de 2017 y para el mes de noviembre del año pasado ya se había finalizado.
Sin embargo, tras un trabajo de campo e investigación realizada este año por la SPDA tras la finalización del primer tramo de dicha carretera, se determinó que su construcción no habría contado con la correspondiente certificación ambiental y autorización de desbosque, conforme a lo comunicado tanto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
La certificación ambiental y la autorización de desbosque constituyen requisitos esenciales y previos, mas no únicos, para la construcción de cualquier proyecto de infraestructura vial en la Amazonía. Esto debido a que los impactos ambientales que llegarían a generar pueden ser desde leves hasta significativos, dependiendo de la envergadura del proyecto así como del área que atravesaría. Lamentablemente, esto no sucedió para el presente caso.
Es por ello que, en junio de este año, la SPDA trasladó dichos hallazgos ante el MTC y el Gorel, solicitando que se inicien las investigaciones necesarias para determinar la presunta responsabilidad de las personas naturales y/o jurídicas que correspondan, así como la adopción de medidas administrativas complementarias, a fin de garantizar la no continuidad de la afectación ambiental; y la mitigación y restauración de los impactos generados por la ejecución del proyecto.
El valor económico de la afectación ocasionada por el proyecto
El 15 de octubre el Serfor remitió una carta a la SPDA, adjuntando el Informe Técnico Nº 49-2019-MINAGRI-SERFOR-DGIOFFS/DIV, elaborado por su Dirección de Inventario y Valoración, quien cuantifica en términos económicos la pérdida de la cobertura forestal ocasionada por el mencionado proyecto de inversión.
Dicho informe si bien solo valoriza el carbono forestal perdido y el costo de restauración estimado, concluyó que el valor económico de la afectación ocasionada por el proyecto asciende a un millón novecientos once mil ciento ocho soles (S/ 1 911 108.38). Es preciso indicar que esta valoración es solo parcial, debido a que se carece de información que le permita cuantificar la totalidad del daño, por lo que podríamos presumir que la pérdida real supera lo anteriormente mencionado.
Por otro lado, las acciones de otras entidades no se han hecho esperar. El titular de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC, Segundo Fausto Roncal, detalló que su despacho ya había tomado conocimiento de la ejecución del proyecto, por lo que han “procedido a solicitar la información correspondiente al Gorel (titular del proyecto en mención) a fin de evaluar la realización de las acciones de supervisión que correspondan”.
Por su parte, la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor, a cargo de su directora Ana Luisa Calderón, solicitó al Gorel que informe sobre: (1) “las acciones realizadas por su despacho”; y (2) “la existencia de procedimientos de evaluación previa o aprobación automática que se hayan generado a solicitud de parte, para iniciar o continuar con la construcción del primer tramo (Yurimaguas-Jeberillos) y segundo tramo del proyecto que cruza la zona 4F del Bosque de Producción Permanente (BBP) de Loreto, así como el Sitio Prioritario para la Conservación Jeberos”.
Omisiones que pueden ser evitadas
Contar con la certificación ambiental, la autorización de desbosque y demás requisitos ambientales para la ejecución de proyectos de infraestructura vial en la Amazonía resulta esencial para garantizar que su ejecución respete los estándares ambientales que nuestra normativa nacional ha establecido. Omisiones como estas no hacen más que generar perjuicios tanto para el Estado, para la ciudadanía y para el ambiente.
Quedan aproximadamente 45 km por ejecutar en la carretera Yurimaguas-Jeberos, y el actual Gobierno regional puede tomar este caso como un ejemplo para definir con claridad y de forma preventiva las condiciones ambientales en las que deben darse los proyectos de inversión.
Actualmente, de 75 proyectos de inversión pública declarados viables conforme a lo señalado en su portal de transparencia, 11 están vinculados a infraestructura vial (proyectos de mejoramiento). Estemos atentos en que estos proyectos se ejecuten de forma sostenible para la región.
