Las autoridades desde las municipales, policiales, fiscales y judiciales debe ser firmes y aplicar la ley con la severidad de sus letras, para frenar las actitudes de los invasores abusivos que se creen con derecho a destruir la propiedad privada.
Está comprobado que no les importa destruir plantaciones, viviendas, piscigranjas, quebradas, y cuanto encuentren a su paso para presionar quedarse con terrenos que no les pertenecen, con el argumento que no hay nada y que es un peligro público, o que el Estado les dio y no hacen nada.
En ciertos casos este argumento puede haber funcionado en lugares donde sus ocupantes no se han preocupado en regularizar sus documentos ante instancias como la Sunarp, pero hay terrenos con títulos de propiedad con todas las de la ley, pero, les da igual y se meten como un asalto hasta agrediendo a las personas que encuentran dentro.
Además de la propiedad privada de personas individuales, también se meten en terrenos de propiedad comunales destinados para construcciones de locales de salud, deportivas, de recreación, y otros. No hay derecho, se tiene que frenar esta arremetida donde la mayoría son traficantes de tierras.
Esto de que no son traficantes de tierra se puede refutar ingresando a los ofrecimientos de lotes que se presentan en redes sociales desde 5 mil, 10 mil y 15 mil soles diciendo que ya no es invasión porque han logrado “un acuerdo”, con el propietario.
Si las personas interesadas en lotes de terreno buscaran espacios para construir sus viviendas, claro que lo encontrarían de forma respetuosa, hay oportunidades porque también existen propietarios de terrenos que han preferido perder sus plantaciones y producción, y lotizar para ofrecerlos, así evitar sentirse amenazados, pero no, los invasores prefieren entrar a terrenos cercanos a la zona urbana atropellando el derecho de la propiedad privada.
Se debe replicar lo ocurrido con los terrenos del INIA y del Seguro Social cuando invadieron sus terrenos destinados para sus actividades institucionales. En aquella oportunidad las autoridades judiciales hicieron valer el derecho a la propiedad privada de las entidades y retiraron a los invasores. Así debe ser. Los ciudadanos propietarios también necesitan ese respaldo.
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