Por Javier Martínez
Desde que se aprobaran los términos de referencia para la elaboración de los Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) y los Planes Operativos Anuales (POA) en bosques de comunidades nativas (RJ 232-2006-INRENA), diversos actores involucrados en la promoción y el fortalecimiento del Manejo Forestal Comunitario (MFC) han desarrollado una serie de esfuerzos destinados a disminuir las barreras administrativas existentes.
En este contexto, desde DAR consideramos importante avanzar en los siguientes aspectos:
Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para aprobar un PGMF de comunidades, debido a que, actualmente, estos trámites son engorrosos y costosos. En promedio, un PGMF puede costar entre 8,000 y 15,000 nuevos soles y su aprobación puede demorar de 6 meses a 1 año, dos aspectos que hacen inviable que todas las comunidades puedan obtener el permiso de aprovechamiento de sus bosques.
Elaborar términos de referencia (TDR) por grupos de productos no – maderables para ayudar a promover el aprovechamiento integral del bosque. Actualmente, una comunidad nativa no puede aprovechar muchos de los productos del bosque como bambú, palmeras, plantas medicinales, tamshi, entre otros, debido a la falta de estos TDR, que limita – a criterio de la autoridad competente – la entrega o no del permiso. Por la gran diversidad de los productos no maderables se sugiere elaborar TDR a nivel de grupos (hojas, frutos, exudaciones, etc.) y desarrollar lineamientos técnicos para los criterios silviculturales de cada producto.
Crear unidades especializadas en las autoridades forestales nacional y regional. Con el fin de mejorar la atención y respuesta a los trámites administrativos de las comunidades nativas se hace necesario la creación e incorporación de unidades especializadas en MFC. Estas deben formar parte de los organigramas de las autoridades forestales y deben estar integradas por personal especializado y, preferentemente, por técnicos y profesionales indígenas.
Establecer la responsabilidad solidaria de los madereros. Esta es una demanda de muchas comunidades nativas que se han visto afectadas por las malas prácticas de los madereros con los que tienen contratos. Por ello, han solicitado que el Estado regule más la participación de los madereros, por ejemplo, incorporando estos contratos en el expediente para obtener un permiso de aprovechamiento y estableciendo una corresponsabilidad por incumplimiento, incluyendo sanciones.
Supervisar la asistencia técnica de las ONG. Del mismo modo que los madereros, los proyectos de cooperación técnica entre las comunidades y las ONG, también deben formar parte del expediente para obtener un permiso de aprovechamiento. Ello con el fin de que el Estado conozca los detalles del apoyo técnico y pueda orientarlo para mejorar la gestión de los bosques, considerando a todos los actores del MFC.
Contar con información real y consistente del impacto del MFC, que ayude a tomar mejores decisiones y a orientar adecuadamente los esfuerzos. Es decir, es necesario que el Estado sepa y brinde información sobre: superficie total de bosque en territorio de las comunidades nativas, superficie de bosques comunitarios bajo manejo forestal, volumen de madera aprobada y extraída, listado de las especies más aprovechadas y el impacto que esta actividad genera en la economía.
Coordinador del Programa Ecosistemas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR (*)
