• Última fecha en sede Judicial de Loreto éxito total.

La Coordinación Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio, en cooperación con la Unión Europea, realizó la cuarta y última fecha del “Seminario Descentralizado: Extinción de Dominio tras la Ley 32326 y la STC 008-2024-PI/TC – Desafíos Jurídicos”, en nuestra ciudad con la participación de destacados juristas nacionales e internacionales.
El Salón Bijao del Victoria Regia Hotel & Suites, fue la sede del magno evento el cual congregó a connotadas personalidades jurídicas de Iquitos como son la Dra. Mery Lidia Aliaga Rezza, Presidenta de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Loreto, los jueces Superiores el Dr. Aldo Nervo Atarama Lonzoy, Dr. Carlos Alberto del Piélago Cárdenas, la Dra. Bethy Vilma Palomino Pedraza, la Dra. Melina Vargas Ascue, el Dr. Gary Martín David Nolasco Velezmoro, entre otros magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, fiscales e integrantes del Ministerio Público, representantes de la Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional del Perú, así como de estudiantes y miembros de la sociedad civil interesados en la materia.
Inició la mañana del último viernes con la Ceremonia de Inauguración y las palabras de bienvenida del Dr. Carlos Alberto del Piélago Cárdenas, presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto; luego el saludo institucional estuvo a cargo de la Dra. Eva Platero Aranda, jefa del Proyecto de la Unión Europea en la Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado; seguido de las palabras de saludo del Dr. Aldo Nervo Atarama Lonzoy en su calidad de Presidente encargado y Presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Loreto, en adición liquidadora y la inauguración oficial por el Dr. Manuel Estuardo Luján Túpez, juez supremo titular de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y Coordinador Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio.
Las exposiciones empezaron con la disertación del Dr. Ottavio Sferlazza (Italia), ex procurador de la República ante el Tribunal de Palmi y ex regente de la Coordinación de la actividad de las Direcciones de Distrito Antimafia, con el tema “Estándar probatorio y titular de la carga de la prueba en el proceso de Extinción de Dominio en el sistema italiano” destacado jurista que dejó al auditorio satisfecho y motivado con el tema.
Seguido por el Dr. Manuel Luján Túpez, juez supremo y coordinador nacional del Subsistema, quien explicó magistralmente sobre “Las salvaguardas en el proceso de Extinción de Dominio”.
La tercera exposición estuvo a cargo del Dr. Eloy Velasco Núñez (España), ex corresponsal de la red Eurojust y ex magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional de Madrid, quien expuso sobre “El proceso de Extinción de Dominio tras la reforma”.
Al término de estas, se realizó un foro debate en el cual el distinguido auditorio tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias y conceptos con los expositores aprovechando su amplia experiencia en los temas vertidos.
Se resalta que la Coordinación Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio escogió la sede en Iquitos, para la realización del destacado evento con apoyo de la Unión Europea después de haber realizado similares ediciones en Cusco y en Ayacucho a fin de difundir el Fortalecimiento de la justicia, combatiendo la impunidad.
Durante la clausura el Dr. Manuel Luján Túpez, agradeció a la Corte Superior de Justicia de Loreto por su compromiso con llevar adelante el desarrollo de la jornada, así como al equipo del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio nacional encabezado por la Dra. Claudia Nieves Linares Moran, Secretaria Técnica y el equipo local con el liderazgo del Dr. Edgar Ramón Guillén Vallejo, Juez Provisional del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio, como parte fundamental para la consolidación de un trabajo articulado orientado al fortalecimiento de las capacidades jurisdiccionales.

• El evento reunirá a magistrados de control de todo el país para fortalecer la uniformidad de criterios disciplinarios.

La Jefatura Nacional de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), a cargo del doctor Roberto Palacios Bran, oficializó, mediante la Resolución Jefatural N.º 300-2025-JN-ANC-PJ emitida el 29 de octubre de 2025, la realización del III Pleno Nacional de Jueces de Control, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de noviembre de 2025 en el Salón de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia.
El evento, tiene como finalidad identificar los principales problemas hermenéuticos y normativos vinculados con el ejercicio de la función contralora que desarrollan los jueces de las Oficinas Descentralizadas de Control (ODANC) y de la Sede Central de la ANC-PJ.
Asimismo, busca promover el análisis y el debate entre dichos magistrados sobre los temas en discusión, uniformizar los criterios aplicables en los procedimientos administrativos disciplinarios y establecer lineamientos que orienten su labor en concordancia con los objetivos institucionales de fortalecimiento del control funcional.
La resolución convoca a los jefes de las 34 Oficinas Descentralizadas de Control, así como a los jueces contralores de la sede central, magistrados de las unidades de investigación, sanción, apelación y prevención, además de especialistas y personal técnico de la institución.
El programa académico del Pleno contempla ponencias magistrales, mesas de trabajo, debates y plenarias en torno a tres ejes temáticos principales, como: el control de jueces con funciones administrativas, la aplicación de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad y los criterios de evaluación del retardo injustificado.
Entre los ponentes figuran reconocidos juristas nacionales y autoridades de la ANC-PJ, quienes compartirán sus aportes en materia disciplinaria y ética judicial. Asimismo, se presentarán las herramientas institucionales Sistema de Información Disciplinario (SIDI) y Observatorio Nacional de Control, orientadas a optimizar la gestión contralora.
El evento culminará con la adopción de acuerdos del Pleno, la entrega del Premio Carlos Ernesto Giusti Acuña 2025 a las mejores prácticas en control funcional y las palabras de clausura del jefe nacional de la ANC-PJ.
Los resultados del III Pleno Nacional de Jueces de Control contribuirán a uniformizar los criterios disciplinarios y fortalecer la política institucional de control ético y preventivo en la administración de justicia peruano.

La magistrada Corely Armas Chapiama, Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto – Nauta (en Adición Jup y Liquidador) representó a la Corte Superior de Justicia de Loreto en el Plenario de Socialización y/o Validación del Proyecto de Protocolo de Coordinación Interjurisdiccional entre el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) y el Poder Judicial motivado por la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP), en la localidad de Chiriaco, región Amazonas, con la participación de los 18 sectores que conforman el Tajimat Nugka del GTAA.
La Constitución Política del Perú reconoce la pluralidad cultural del país y garantiza, en su artículo 149, que “el Estado reconoce la jurisdicción especial que regula el derecho propio de las comunidades campesinas o nativas” y debe “coordinar con la jurisdicción ordinaria” para asegurar el respeto de los derechos fundamentales, por lo cual, el Poder Judicial ha venido desarrollando un proceso sostenido de articulación institucional orientado a la elaboración de un proyecto de Protocolo de Coordinación Interjurisdiccional, instrumento que tiene por finalidad establecer mecanismos de diálogo, cooperación y respeto mutuo entre ambas jurisdicciones, en el marco de la interculturalidad y la autonomía indígena; asimismo, debe promover políticas institucionales que
favorezcan el acceso a la justicia, la eficiencia, la transparencia, la gobernabilidad y la legitimidad del sistema judicial; razón por la cual el Poder Judicial impulsa una justicia intercultural, inclusiva y accesible, especialmente para los pueblos originarios y comunidades que históricamente han enfrentado barreras de acceso al servicio jurisdiccional.
El acceso a la justicia no se limita a un derecho formal, sino que exige condiciones reales de comprensión, participación y pertinencia cultural, en concordancia con los principios de igualdad, dignidad y tutela jurisdiccional efectiva; siendo así que las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad constituyen referentes internacionales que orientan las acciones de este poder del Estado.
Considerando la importancia y trascendencia de este evento para la administración de justicia y la política institucional de fortalecimiento de la interculturalidad, que constituye un eje estratégico para eliminar barreras lingüísticas, culturales, geográficas y sociales, garantizando que las personas puedan ser juzgadas conforme a sus valores y prácticas culturales sin apartarse del Estado de Derecho y de los estándares internacionales de derechos humanos.
Durante las dos jornadas de trabajo se abordaron temas clave como la valoración de la prueba en contextos interculturales, el reconocimiento de medios probatorios de la justicia indígena, la coordinación interjurisdiccional y el rol del juez ordinario ante casos derivados de la jurisdicción especial. Este espacio permitió consolidar acuerdos y validar procedimientos para la futura implementación del Protocolo a nivel nacional. La actividad culminó con la firma del Acta de Compromiso Interjurisdiccional, reafirmando el compromiso con una justicia plural, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural, en una emotiva ceremonia Awajún que simbolizó unidad y respeto por los pueblos originarios.

• “Atacar a juezas y jueces es atentar contra la independencia judicial”, dice:

Señala que la crítica legítima no debe transformarse en insultos, amenazas o campañas de odio.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, exigió el respeto por la dignidad y el trabajo que realizan los jueces y juezas que cumplen con su deber, el mismo trato que ella reclama de la judicatura para las y los justiciables, en el marco de las funciones que la Constitución les asigna.
“Una sociedad que no respeta la diversidad de opiniones o que descalifica y agrede a la autoridad porque disiente de su criterio jurídico, está condenada a la fractura, al retroceso y a la pérdida de los valores y principios que caracterizan a un Estado constitucional, así como una sociedad civilizada”, señaló.
En una columna de opinión aparecida hoy en un medio local, la autoridad judicial señaló de manera enfática que atacar de manera personalmente a quienes imparten justicia es atentar contra la independencia judicial, que es un pilar fundamental de la democracia.
“No podemos tolerar que la crítica legítima se transforme en insultos, amenazas o campañas de odio, dirigidos contra las y los magistrados que cumplen con su deber, más aún cuando ese tipo de expresiones provenga de altas autoridades”, remarcó.
DECISIONES JUDICIALES
En tal sentido, hizo un llamado a respetar no solo las decisiones judiciales, que pueden ser impugnadas mediante los cauces legales establecidos, sino a restaurar el respeto y diálogo, donde la discrepancia se convierta en oportunidad para el encuentro y el entendimiento, y no en motivo para la violencia verbal o física.
“La democracia se fortalece cuando sus ciudadanos ejercitan el derecho a disentir con respeto y conviven con sus diferencias, el Poder Judicial está abierto a la crítica, siempre que ella respete los límites del decoro, la legalidad y la dignidad humana”, subrayó.
En esa línea, la Presidenta del Poder Judicial sostuvo que cerrarle las puertas al diálogo significa renunciar a la esencia misma de una sociedad democrática y del Estado Constitucional de Derecho.
Por ello, invocó a todos los actores sociales, políticos y comunicacionales a contribuir a disminuir la polarización, a eliminar la peligrosa y nociva descalificación generalizada y a fomentar el respeto mutuo.
Sostuvo que solo construyendo puentes de entendimiento se podrá afrontar juntos los grandes desafíos que tiene el Perú: reducir la pobreza, mejorar la seguridad y fortalecer el Estado Constitucional de Derecho.
“Los jueces y juezas, más allá de ser funcionarios públicos, son seres humanos comprometidos con la justicia y el bien común, que en los casos más trágicos que enlutan al Poder Judicial, lo han demostrado con su propia vida”, remarcó.
En esa línea, expresó que respetar la dignidad de los jueces y la función de impartir justicia es respetar la democracia misma, así como defender su integridad y su independencia es preservar el Perú que todos anhelan.
JUZGADOS DE FLAGRANCIA
Por otra parte, señaló que, ante la creciente inseguridad ciudadana, y con los limitados recursos, el Poder Judicial ha implementado en todo el país los Juzgados de Flagrancia, herramientas fundamentales para luchar contra la criminalidad y, brindar respuestas rápidas y efectivas a la ciudadanía.
“Estas acciones reflejan la voluntad firme de la judicatura de proteger los derechos y libertades de todos, incluso de quienes puedan disentir con sus decisiones, porque impartir justicia no supone supeditar las decisiones judiciales a la obtención de popularidad, sino actuar con principios, valores y apego irrestricto a la Constitución y las leyes”, subrayó.
En otra parte de su declaración, la magistrada consideró válida la discrepancia individual o colectiva respecto de las decisiones judiciales, porque eso es la libertad de opinión propia de la vida democrática y el derecho constitucional a formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales.
Sin embargo, señaló, nada justifica que, en nombre de esa divergencia, se perpetren ataques verbales o atentados contra la integridad física y dignidad de los jueces y juezas del Poder Judicial, como los que han sufrido la Presidenta de la Corte Superior de La Libertad y de la Corte de Lima Este, entre otros.
“Cuando esto sucede, desaparece el respeto que merece la judicatura, la ley del más fuerte se levanta como amenaza y las bases de la vida civilizada resultan quebrantadas”, acotó.

La unidad piloto de Flagrancia Delictiva de Loreto atendió a la fecha, un total de 192 casos; de los cuales son 53 del delito de Violencia Familiar (Agresión física – Artículo 122° B-Código Penal Peruano), 92 del delito Contra la Seguridad Pública (conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción – Artículo 274°-Código Penal Peruano), 30 a Receptación (Artículo 194°-Código Penal Peruano) y 16 al delito contra el Patrimonio Hurto Agravado (Art 186°) y 01 caso de Violencia contra la autoridad.
El Juzgado de Flagrancia, al cierre recibió 95 casos, de los cuales 79 cuentan con sentencia, en detalle 58 son nivel de Investigación Preparatoria y 21 a nivel de Juzgamiento.
Así mismo, se reportó 3 casos con incoaciones improcedentes y 32 con incoaciones procedentes de las cuales 21 casos fueron sentenciados, 6 convocados a juicio, y el Ministerio Público tiene 3 casos pendientes de presentación de acusación y 2 con orden captura.
La Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva de Loreto continúa consolidándose como un modelo eficiente de respuesta rápida frente al delito, destacando su capacidad operativa y el trabajo articulado entre las instituciones del sistema de justicia, demostrando un avance significativo en la atención oportuna y efectiva de los hechos delictivos en la región. Este desempeño refleja el compromiso institucional por garantizar una justicia célere, transparente y al alcance de la ciudadanía.
En esa misma línea, el Juzgado de Flagrancia de Loreto ha mostrado resultados concretos sentencias emitidas, reafirmando la eficacia del modelo en la reducción de la carga procesal y en la pronta resolución de los procesos. La adecuada coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, Defensa Pública y la Policía Nacional ha permitido optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia penal. Este balance demuestra que la Unidad Piloto de Flagrancia no solo es un mecanismo innovador de gestión judicial, sino también un paso firme hacia una justicia más eficiente y comprometida con la seguridad pública en Loreto.