- “Atacar a juezas y jueces es atentar contra la independencia judicial”, dice:
Señala que la crítica legítima no debe transformarse en insultos, amenazas o campañas de odio.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, exigió el respeto por la dignidad y el trabajo que realizan los jueces y juezas que cumplen con su deber, el mismo trato que ella reclama de la judicatura para las y los justiciables, en el marco de las funciones que la Constitución les asigna.
“Una sociedad que no respeta la diversidad de opiniones o que descalifica y agrede a la autoridad porque disiente de su criterio jurídico, está condenada a la fractura, al retroceso y a la pérdida de los valores y principios que caracterizan a un Estado constitucional, así como una sociedad civilizada”, señaló.
En una columna de opinión aparecida hoy en un medio local, la autoridad judicial señaló de manera enfática que atacar de manera personalmente a quienes imparten justicia es atentar contra la independencia judicial, que es un pilar fundamental de la democracia.
“No podemos tolerar que la crítica legítima se transforme en insultos, amenazas o campañas de odio, dirigidos contra las y los magistrados que cumplen con su deber, más aún cuando ese tipo de expresiones provenga de altas autoridades”, remarcó.
DECISIONES JUDICIALES
En tal sentido, hizo un llamado a respetar no solo las decisiones judiciales, que pueden ser impugnadas mediante los cauces legales establecidos, sino a restaurar el respeto y diálogo, donde la discrepancia se convierta en oportunidad para el encuentro y el entendimiento, y no en motivo para la violencia verbal o física.
“La democracia se fortalece cuando sus ciudadanos ejercitan el derecho a disentir con respeto y conviven con sus diferencias, el Poder Judicial está abierto a la crítica, siempre que ella respete los límites del decoro, la legalidad y la dignidad humana”, subrayó.
En esa línea, la Presidenta del Poder Judicial sostuvo que cerrarle las puertas al diálogo significa renunciar a la esencia misma de una sociedad democrática y del Estado Constitucional de Derecho.
Por ello, invocó a todos los actores sociales, políticos y comunicacionales a contribuir a disminuir la polarización, a eliminar la peligrosa y nociva descalificación generalizada y a fomentar el respeto mutuo.
Sostuvo que solo construyendo puentes de entendimiento se podrá afrontar juntos los grandes desafíos que tiene el Perú: reducir la pobreza, mejorar la seguridad y fortalecer el Estado Constitucional de Derecho.
“Los jueces y juezas, más allá de ser funcionarios públicos, son seres humanos comprometidos con la justicia y el bien común, que en los casos más trágicos que enlutan al Poder Judicial, lo han demostrado con su propia vida”, remarcó.
En esa línea, expresó que respetar la dignidad de los jueces y la función de impartir justicia es respetar la democracia misma, así como defender su integridad y su independencia es preservar el Perú que todos anhelan.
JUZGADOS DE FLAGRANCIA
Por otra parte, señaló que, ante la creciente inseguridad ciudadana, y con los limitados recursos, el Poder Judicial ha implementado en todo el país los Juzgados de Flagrancia, herramientas fundamentales para luchar contra la criminalidad y, brindar respuestas rápidas y efectivas a la ciudadanía.
“Estas acciones reflejan la voluntad firme de la judicatura de proteger los derechos y libertades de todos, incluso de quienes puedan disentir con sus decisiones, porque impartir justicia no supone supeditar las decisiones judiciales a la obtención de popularidad, sino actuar con principios, valores y apego irrestricto a la Constitución y las leyes”, subrayó.
En otra parte de su declaración, la magistrada consideró válida la discrepancia individual o colectiva respecto de las decisiones judiciales, porque eso es la libertad de opinión propia de la vida democrática y el derecho constitucional a formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales.
Sin embargo, señaló, nada justifica que, en nombre de esa divergencia, se perpetren ataques verbales o atentados contra la integridad física y dignidad de los jueces y juezas del Poder Judicial, como los que han sufrido la Presidenta de la Corte Superior de La Libertad y de la Corte de Lima Este, entre otros.
“Cuando esto sucede, desaparece el respeto que merece la judicatura, la ley del más fuerte se levanta como amenaza y las bases de la vida civilizada resultan quebrantadas”, acotó.
