- Con objetividad y debida fundamentación, el doctor Carlos Del Piélago aportó alternativas para una posible reforma legislativa en materia penal. A continuación las partes más significativas de su intervención en Congreso Internacional.
“No se quiere un Poder Judicial fuerte, ni una Fiscalía fuerte porque tendríamos prontamente a muchísimos políticos detenidos, como ocurre en todo el país, por los actos indebidos que cometen. Sin embargo, hay que apostar a que este proyecto debe triunfar, el de las propuestas que hoy se recogen en este Congreso Internacional de Flagrancia”.
La señora Presidenta del Poder Judicial, doctora Elvia Barrios, nos ha dicho de los recursos escasos que tenemos. Con un local propio de la Corte de la Libertad se está sacando adelante este proyecto de recoger los aportes para una posible reforma legislativa, con la colaboración con los representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, y Policía Nacional; pero, ¿De dónde van a salir los recursos para poder capacitar a todos los señores policías, magistrados, y fiscales? ¿Quién tenía que asumir la responsabilidad?
Si queremos un resultado óptimo tenemos que tener insumos tecnológicos, físicos, y recursos humanos. ¿Cuál es la característica que adolece el Poder Judicial y que es similar en otras entidades del sistema de justicia? La respuesta es que no hay recursos humanos suficientes para dar la atención óptima.
Nos lo dijeron en un curso de alta gerencia a los presidentes de Corte: Al Estado no le interesa satisfacer las necesidades de justicia. ¿Por qué? Porque quienes tienen el mayor poder económico resuelven sus problemas en arbitraje internacional. Ni siquiera acuden a la Corte Suprema. Nosotros (el Poder Judicial), vemos casos simples, penosos, gravosos, pero que no son de interés de los grupos económicos que tienen mayor poder en el país.
Y si vamos a darle esperanza a la población que se van a resolver de manera rápida los casos, pero la situación real es tan grande que va más allá de lo que nosotros podemos hacer; y si no tenemos recursos, personal capacitado, y si no existe voluntad de hacer las cosas, prontamente, se va a estancar este proyecto tan importante como se ha estancado la oralidad en el proceso civil cuando se trajo el Código Procesal Civil en el año 1992, y entró en vigencia en el 93. Todo iba a ser oral. Al final se regresó al mismo procedimiento. Nuevamente se está sacando adelante la oralidad gracias al doctor Héctor Lama, pero adolecemos aún de recursos.
Sin embargo, no somos portadores de una idea negativa del trabajo. Todos los operadores del sistema de justicia debemos apostar por este proyecto, porque de esto depende también recobrar la confianza de la ciudadanía. Debemos capacitarnos, pero también debemos hacer lo que se llama control, para monitorear si efectivamente estamos haciendo bien las cosas y dónde es que está el cuello de botella”.
En el Poder Judicial tenemos la misión de juzgar con imparcialidad, y el proceso inmediato no tiene que ser la excepción
“En ese sentido, debemos ser garantes que se cumplan precisamente las normas que rigen todo proceso. La abreviación que se da bajo el principio de aceleración tiene por finalidad impedir pérdida de tiempo en procesos simples, pero, a diferencia de Costa Rica que se ven casos pequeños, en el Perú, no existe límite para la pena.
Y ese es una debilidad, porque también hay una práctica nociva en todas las instituciones; esto está de moda, todo es proceso inmediato: aplícalo. No importa cómo; total, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y eso no lo podemos permitir.
El proceso que se debe llevar en los casos de flagrancia no está diseñado simplemente para condenar porque no es un proceso ofensivo. Vale decir, no es una repetición simple de lo que ha sido durante muchos años con el Código de Procedimientos Penales en nuestro país. Y esto está vinculado con las garantías que se deben de dar para que mínimamente se pueda ejercer la defensa. Un proceso constitucional, al comprobar esto traería abajo el trabajo que se está haciendo. Segundo, ¿la política criminal la establece el Poder Judicial o la establece el Estado?”
Finalmente, el doctor Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, felicitó al doctor Giammpol Taboada Pilco, Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, y a la doctora Elvia Barrios Alvarado, Presidenta del Poder Judicial, por impulsar el proyecto de recojo de alternativas en el Congreso Internacional de Flagrancia, al ser “una muestra tangible que el Poder Judicial sí se preocupa por la realidad nacional, por contribuir a reducir la criminalidad, y por los problemas que tienen día a día nuestros conciudadanos”. CSJ Loreto
