Por: Mario Zúñiga Lossio
Se viene gestando el primer proceso de consulta sobre Hidrocarburos en Loreto, en lo que fuera el lote 1AB, el lote de producción petrolera más antiguo de la Amazonía. El proceso, que se encuentra en la etapa preparatoria, deja mensajes de alerta y oportunidad para las consultas de los futuros procesos de licitación.
Por un lado, en la reunión preparatoria del 21 de febrero último, Perupetro manifestó que no se iniciará la licitación mientras no esté satisfecho el proceso de consulta, con lo que se genera un antecedente importante. Asimismo, los pueblos indígenas han planteado que antes de iniciar la consulta, se deben cumplir 6 condiciones mínimas: remediación de impactos anteriores, diagnósticos ambientales y sociales, indemnización, saneamiento, titulación, y compensación por uso de territorios.
Ante ello, el Estado ha respondido que estas condiciones se tratarán en la Comisión Multisectorial (CM) creada por RS N° 200-2012-PCM, la cual debía proponer medidas para mejorar las condiciones ambientales y sociales de la zona.
Por otro lado, se ha conformado una comisión encargada de hacer seguimiento a la consulta, en la cual podría darse un nuevo espacio de atención a estas condiciones (DS N° 021-2013-PCM).
No obstante, estos indicios positivos se oponen al caso del pueblo quechua del Pastaza, uno de los pueblos consultados, cuyos resultados ambientales entregados por la primera comisión (un día antes de la reunión), manifestaban que casi la totalidad de las comunidades quechuas diagnosticadas carecen de agua potable y algunas de las lagunas a las que acceden cotidianamente para pesca contienen altos índices de elementos cancerígenos. Ante ello, la CM no ha tenido una respuesta inmediata, urgente, ni siquiera por el riesgo que corre la población (posibilidad de muerte, afectación genética permanente, enfermedades agudas).
La consulta está en la encrucijada: puede distorsionar la oportunidad que tiene para garantizar derechos esenciales, o puede ser la oportunidad para que el Estado, con voluntad política y flexibilidad institucional, genere condiciones de viabilidad a situaciones complejas y urgentes como la del Pastaza, las cuales no faltarán en el futuro.
