Que levante la mano el alcalde actual de una de las 53 municipalidades de Loreto que viene cumpliendo con asignar el 5 % de su presupuesto de canon petrolero, para invertir en el desarrollo de las comunidades indígenas de sus respectivas jurisdicciones.
Esto es un mandato legal que se sustenta en el Decreto de Urgencia Nº 026-2010, para invertir en proyectos en favor de las comunidades nativas afectadas por la actividad petrolera en sus territorios. Lo que se conoce es que por más de una década no se aplica esta normativa en las casas ediles.
Tampoco se ha dado algún reclamo formal ante los alcaldes por parte de los perjudicados, vale decir las autoridades comunales nativas, ni de las organizaciones indígenas a las cuales se encuentran afiliadas. De igual forma, no figura como un tema fuerte en las llamadas luchas indígenas, por lo menos no se ha percibido.
Las organizaciones indígenas cuentan con personal jurídico que pudo haber realizado las denuncias que correspondan, para que se materialice ese 5 % en proyectos a favor de los pobladores de las zonas afectadas por derrames de petróleo.
Este porcentaje de presupuesto, es al margen de otras inversiones para el desarrollo que pudiera considerar una equis municipalidad. Sería importante que en las rendiciones de cuentas se dé información de la aplicabilidad o no de esta norma legal del Estado.
Sumando los años que no se ha utilizado para los objetivos que señala el decreto de urgencia, se trataría de un buen número de soles, que no ha ido específicamente para las poblaciones beneficiadas en la teoría de la normativa. Y sólo ha quedado escrito en el papel, realmente, mientras que, los pobladores de las zonas afectadas por la actividad petrolera siguen en la espera de proyectos sostenibles que mejoren la calidad de vida en sus jurisdicciones.
Alcaldes y el 5 %
