Modificar ley de contrataciones

En todo el país que por supuesto nos incluye como Loreto, la ciudadanía que espera que la lucha contra la corrupción sea real y no una postura electoral, o una finta durante determinada gestión de gobierno, sea nacional, regional o de los gobiernos locales, habrá recibido muy bien el pedido del contralor general de la República, Edgar Alarcón.
El pedido del contralor ha consistido en que el gobierno de PPK que está por empezar, aliente la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se incluya que los supervisores de las obras públicas sean designados por la misma Contraloría.
Ha explicado el contralor Alarcón, que el pedido se sustenta en que los supervisores de las obras públicas son profesionales que terminan coludiéndose con el contratista y también con las autoridades de turno. Es cierto lo que dice, porque terminan haciéndose los ciegos, sordos y mudos, ante denuncias por evidentes irregularidades. Con qué autoridad moral van a decir algo, si se presume ya recibieron su porcentaje económico, es decir la coima. Ni el Vaso de Leche se salvaba (juegan con el estómago de los niños)
Así el Estado siempre está perdiendo, no solamente porque muchas obras finalmente no se realizan, sino que, de Ripley, en el colmo del descaro, vienen los arbitrajes de las obras donde siempre o casi siempre pierde el Estado, o en su menor efecto las obras no son realizadas conforme el expediente técnico, causando que al poco tiempo, luego de haber sido inaugurada con bombos y luces artificiales, la obra muestra irregularidades en su construcción. Esto es una constante en pequeñas, grandes y mega obras.
Lo que nos parece le faltó decir al contralor de la República, es que los jefes de Control Interno de los municipios y gobiernos regionales, que son nombrados por la Contraloría de la República, no dependa sus honorarios o sueldos de estas mismas entidades públicas, hay una incongruencia, cómo es posible que a quien tienen que fiscalizar, es quien tiene que ordenar sus pagos. Esto también es una jarana que salpica hasta la misma Contraloría, porque difícil se publican las advertencias que hacen en prevención del delito, sino después cuando ya estallan los problemas, recién salen a lucir sus informes. Así tampoco se juega a favor del Perú.