Secreto bancario

Con el paso de los años podemos ir evidenciando que, si bien nuestro país tiene excelentes normas legales, la gran debilidad está al momento de cumplirlas y cómo hacer que las mismas se cumplan, para que cumplan su objetivo.
Lo que se observa también es que hay vacíos en las normas que permite a la corrupción en general burlarse de la legalidad, puesto que apelan a los mismos para librarse de responsabilidades y permitir que sus casos queden sin resolverse o que se archiven en la fiscalía.
Si retrocedemos a la etapa de la inscripción en las elecciones para los cargos de autoridades, las y los candidatos presentan la lista de bienes de sus propiedades y la declaratoria de su capital, e ingresos, bien por la ley electoral, pero al parecer sólo sirve para cumplir requisitos.
Sucede que las autoridades van terminando sus gestiones, e incluidos los funcionarios, y no hay una presentación de similares documentos para la salida, y verificar con cuánto de bienes u otros se van retirando, y así poder detectar si hay desbalance o no, ahí se configura un vacío, por ejemplo. Cómo sin estos datos las otras entidades que correspondan pueden abrir investigaciones.
El tema es complejo, pero por no perfeccionar las normativas y procedimientos para detectar incluso antes que terminen las gestiones, es que la mafia de la corrupción se sigue burlando del Estado y de todo un país, aun tratándose de peruanos estos le están fallando a los objetivos nacionales.
Aquí encaja la frase indignante “hecha la ley, hecha la trampa”, pero, por ahí salen luces que tratan de enmendar estos vacíos o dado el vergonzoso alto porcentaje de corrupción en el país ha dado lugar a una reciente norma que podría enmendar esta situación.
Se trata que la Contraloría ahora accederá a secreto bancario y reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos investigados, para fortalecer el ejercicio del control gubernamental y la lucha anticorrupción. Pero, sólo será a los investigados, debería aplicar para todos los que estén en ejercicio manejando fondos del Estado, y no dejarlos prácticamente a su libre albedrío en perjuicio de los intereses económicos del país. Falta más rigor.