- Dice juez Mario Mercado, del juzgado de esa provincia.
Mario Abel Mercado Montero, juez de paz letrado en adición a investigación preparatoria del módulo de justicia de la localidad de San Lorenzo en la capital de la provincia del Datem del Marañón, en diálogo con “La Región”, habla sobre la labor que desarrolla.
“Como está establecido, procesalmente el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Hay procesos de connotación social porque hubo fondos que no llegaron a su destino por culpa de algunos malos funcionarios, sin embargo, hay algunos casos que no han sido concluidos por falta de la presentación del requerimiento respectivo por el Ministerio Público, como es el de acusación o de sobreseimiento.
En el caso del desfalco en la Ugel Datem del Marañón, hay veinticinco procesados de los cuales, el fiscal Paul Peralta, ha formalizado su requerimiento con comparecencia simple, y también respecto a dieciséis personas ha solicitado prisión preventiva precisando que en el acto de audiencia ha retirado el requerimiento de prisión preventiva contra uno de los imputados quien es considerado como colaborador eficaz, es decir, en esencia se ha dictado la resolución de prisión preventiva solo para quince imputados” declaró el juez.
Con relación a la carga procesal en el módulo de justicia de San Lorenzo, menciónó: “Tenemos una carga procesal manejable, sin embargo, tenemos procesos denominados emblemáticos en los que están involucradas muchas personas y eso hace que se tenga una dificultad con relación a la celeridad con que se debe resolver procesos, hay casos en donde están inmersos doscientos a trescientos personas por las invasiones de terrenos en la provincia.
Han llegado a sede judicial denuncias contra funcionarios públicos, tenemos de años anteriores y es el representante del Ministerio Público quien tiene que realizar sus requerimientos” recalcó. Indicó que no han llevado procesos de lavados de activos en la sede de San Lorenzo.
“Con relación a los procesos con mayor carga son los comunes como usurpación, violencia sexual, agresiones contra las mujeres que se ha incrementado de manera paulatina en los últimos años, procesos de omisión a la asistencia familiar, violencia familiar, así como los procesos civiles.
Loreto es una región vasta y hasta dificultosa para trasladarse, hay imputados que no puedan viajar por lo oneroso que resulta y frente a ello una posible solución sería la creación de una sala itinerante de apelación para ver los casos que provienen de las provincias, porque no es posible el traslado de los imputados siendo uno de los más resaltantes el tema económico” contó.
“Tenemos un programa “Justicia en tu Comunidad”, nosotros hemos venido realizando talleres, charlas en los colegios dirigidos a los docentes, padres de familia y alumnos sobre violencia familiar, por lo que antes de fines del 2019 vamos a realizar la prevención respectiva, pero no solo en violencia familiar, también en violación sexual y sobre drogadicción que cada vez se va incrementando en la provincia del Datem del Marañón.
Con relación sobre la Justicia Intercultural mencionó, la norma constitucional y el Convenio 169 de la OIT son expresos al decir que se deben respetar los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas, pero, también es cierto que nos precisa la Constitución y el mismo Convenio 169, que va ser siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales de la persona.
Es decir, una persona con arraigo de un pueblo indígena no se puede tolerar que esta misma persona realice actos de violencia contra menores de edad, y eso es lo que está generándose en la provincia y en algunos casos se han pretendido esconder en la sombra de los derechos consuetudinarios para apelar a la impunidad.
Hay derechos que deben ser respetados a los indígenas, sin embargo, se deben afectar derechos fundamentales de las personas como homicidios, violaciones y con ello no se trastoca en nada sus costumbres y usos” enfatizó.
“La población del Datem del Marañón debe estar vigilante sobre la labor que desarrollamos y el Poder Judicial tiene una política de puertas abiertas a la sociedad para resolver sus conflictos con imparcialidad, porque una justicia que tarda ya no es justicia. La justicia debe estar más cerca a la población y con resoluciones transparentes, porque estamos al servicio de la comunidad” finalizó.
(WGN/ Provincias).
