Una realidad que limita enormemente el accionar de los Consejos Regionales que también lo sienten acá en la Región Loreto, es no contar con un presupuesto para las labores de fiscalización, específicamente.
Para que los consejeros puedan fiscalizar necesitan de un presupuesto propio, vale decir que deben contar con autonomía pero esto no es así y que dependen de sus respectivos consejos regionales, que ciertamente les restringen las partidas.
Aun siendo un bajo presupuesto les hacen esperar con los trámites para asignarles. Es titánico ser consejero con esa realidad o simplemente hacen su trabajo sin la minuciosidad que el puesto exige y lo que la ciudadanía espera de ellos y ellas.
Es de entender que al no contar con la autonomía económica en la práctica carecen de autonomía para investigar y cumplir a carta cabal con su rol fiscalizador que es lo que más se perjudica con la estrechez presupuestal con la que se manejan.
La situación de los consejeros regionales hace recordar a la del personal de la Contraloría General de la República en las instancias estatales, aunque esa figura ya va cambiando, cuando estos fiscalizadores recibían su sueldo de la municipalidad y de los gobiernos regionales.
O sea, al que van a fiscalizar, o a la gestión que van a fiscalizar, si les están incomodando, entonces puede presentarse la “sutil sanción económica demorando pagos”. En esas condiciones el trabajo de fiscalización se complica.
Los consejeros, por lo menos los de la zona sur del país, en abril han presentado un proyecto de Ley para que los consejos regionales a nivel nacional tengan autonomía presupuestal. Si el gobierno es coherente con su discurso anticorrupción deben apurar el respectivo Decreto Supremo ordenando la autonomía presupuestal.
Consejeros sin autonomía
