• Fiscalizando el mercado

 

El llamado venía casi a gritos desde diversos sectores de la ciudad de Iquitos, para que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), haga sentir su existencia ante el abusivo alza de precios de productos de primera necesidad y otros que nunca estuvieron en la lista de la devolución del 18% del IGV por el Reintegro Tributario que tuvo vigencia solo hasta el 31 de diciembre de 2018.
Y se han puesto a monitorear y fiscalizar los precios en los mercados y comercios en general, y al mismo tiempo el jefe regional de INDECOPI, Francisco Ruíz, exhortó a los empresarios a que reflejen realmente el precio que corresponde a los productos.
Ha dicho también que si luego de la investigación concluyen que habría actos de colusión, los responsables se harían acreedores a multas que van más allá de los cuatro millones de soles. Por ello, están viendo quiénes son los principales distribuidores de los productos de primera necesidad que se han incrementado, para analizar si se han coludido, si se han puesto de acuerdo para subir los precios.
Como todos venimos experimentando, los precios de buen número de productos se dispararon, lo que a todas luces es un abuso, porque los incrementos superan el 18% y van desde 40, 50, 100%, hasta más, y de productos que jamás estuvieron afectos al eliminado reintegro tributario. O sea no hay relación porcentual. Un abuso mayúsculo. Lo que demuestra la cara más ruin de la característica especulativa del comercio en Iquitos, que se oculta en la libre oferta y demanda del libre mercado, valga la redundancia.
Lo que falta y es importante saber respecto a la investigación que vienen realizando, es cuánto tiempo prudencial durará, cuándo sabremos los resultados finales y cómo la misma ayudará a que el mercado se regule a los precios justos; porque libertad no es libertinaje de precios en la figura de abuso y que debería configurar en delito penal, porque atenta contra la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Estamos en un Estado de derecho que no significa hacer lo que nos da la gana. Para eso están las entidades como el Instituto de “Defensa” de la Competencia, que deben prevenir y sancionar la colusión entre comerciantes, tras verificarse. Y se debe tener en cuenta que el público consumidor, la persona humana es la razón de ser de la Constitución Política del Perú, la ley de leyes que nos gobierna. Basta ya de desórdenes provocados por la angurria especulativa.