- Declaró el Dr. Carlos Castro Quintanilla, fiscal especializado en materia ambiental.
El fiscal especializado habló de los resultados obtenidos a poco tiempo de finalizar el año 2022. Mencionó que los mayores esfuerzos se han concentrado en la cuenca del Nanay y del Napo. Agregando que de dichas actuaciones ha surgido una investigación compleja que dará frutos a la hora que pase a la siguiente etapa. (Poder judicial).
“Se han destruido más de 80 dragas totalmente equipadas y 2 campamentos donde había insumos, artefactos destinados a la minería ilegal. Toda la información recogida ha sugerido una investigación la cual dará frutos en el momento que pasemos a la siguiente etapa (judicial).
También avanzamos cuando Osinfor nos da a conocer mediante alertas tempranas sobre la sustracción de productos forestales maderables, madera ilegal que sacan de otra zona no concesionada.
Lo que se viene tratando ahora en las mesas de diálogo es que las guías de transporte forestal deben contar con un código de barras o un QR que facilite la función de supervisar o fiscalizar que el producto maderable que es trasladado, sea legal.
Aparentemente lo que se revisa es la supervisión de la documentación, pero no del producto porque una sola guía puede ser utilizada varias veces y ampararía todo el producto de manera legal. Pero no se sabe cuántas veces lo ha utilizado, puede ser 3 veces, entonces se presume que es ilegal. No proviene de la concesión, sino de otro lugar que se desconoce, sin embargo, los documentos la hacen valer como legal. Con el QR se podría constatar más rápido” mencionó.
¿Qué harán en la cuenca del Nanay, si sigue la minería ilegal pese a sus actuaciones?
-Se tiene que continuar luchando. También es un trabajo social, la fiscalía tiene su rol, prevenir y perseguir el delito. Se tiene que seguir trabajando con Sernanp, Marina de Guerra, la policía, entre otros. Hago un llamado a la Sunat y al MTC porque no es competencia nuestra, para establecer una ruta fiscal a fin de controlar el combustible.
Al contar con ello se establecería de manera ordenada la trazabilidad del combustible. De dónde sale y a dónde llega. Se hace seguimiento a esas grandes cantidades de combustible e interdictar, como dice el Art. 107 también comete delito el que transporta insumos o artefactos destinados a la minería ilegal.
¿Qué perspectivas tiene para el año 2023?
-Tenemos una investigación bastante avanzada, estamos haciendo corroboración. No olvidar que ese delito tiene no menos de 8 años de pena privativa de la libertad.
¿Hay alguien en la cárcel por esos delitos?
-No lo hay. Estamos armando esta investigación respecto a la minería ilegal como delito, pero también como crimen organizado. El delito de la actividad ilegal y la estructura criminal. Habrá resultados grandes, el equipo ya tiene avanzado el trabajo de crimen organizado. Terminada se presenta ante el poder judicial, cuando ya estén identificados todos, se presentará ante las autoridades.
