*Declaró el juez Edgar Guillén Vallejo, del juzgado especializado en Extinción de Dominio.
Si bien es cierto, con restricciones en cuanto a casos de corrupción y lavado de activos hasta que tengan sentencia firme; extinción de dominio sí continuará con otros casos como TID, tráfico de madera, atentados contra el medio ambiente, tráfico de oro producto de la actividad ilegal, entre otros.
“El Tribunal Constitucional ha ratificado la constitucionalidad de la Ley de Extinción de Dominio, ha declarado infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de extinción salvo en dos artículos que se refieren a que no podemos ver casos antes de la entrada en vigencia de la ley que es el 2 de febrero del año 2019.
Pero todos los casos que hayan ocurrido luego del 2 de febrero del mencionado año, sí continúan su trámite en el proceso de extinción de dominio”, resumió Guillén.
¿O sea, ya no verán casos de corrupción o lavado de activos?
-En el caso de corrupción y lavado de activos, la modificatoria que ha establecido el Congreso es que necesitan contar con sentencia firme. Se tendrá que esperar que el juzgado penal emita la sentencia condenatoria firme para recién nosotros actuar.
¿Sin duda que eso demora?
-Ese era el problema que se trataba de evitar, pero no exigen sentencia firme para TID, delitos aduaneros, ambientales; no exigen sentencia firme y podemos continuar con los procesos. En cambio, en casos de corrupción y lavado de activos, que hay varios casos, sí exigen sentencia firme.
Hay una complicación. La fiscalía está postulando una salida. Que lavado de activos y corrupción de funcionarios son delitos continuados, permanentes, con esa figura continuar los procesos iniciados. Pero eso está sujeto a que confirme la segunda instancia que es la Sala y que el Tribunal Constitucional lo revise.
¿Y los casos que ya ustedes han resuelto y que están en las Salas, se conoce la decisión final?
-Hay casos que ya están firmes y el bien inmueble está a nombre de PRONABI. El problema es que este no viene a tomar posesión y tampoco los adjudica a una entidad pública. Y por ese motivo es que los requeridos, a pesar que su sentencia ya está firme; tiene la esperanza de que se los puedan referir. No sé bajo qué figura, pero ellos insisten.
En segunda instancia vienen revisando a nivel constitucional, estamos recibiendo sentencias favorables. Los juzgados constitucionales, la Sala Suprema Constitucional está confirmando que están bien las sentencias dadas acá.
Las medidas cautelares están siendo confirmadas. Pero los casos que son sentencias se están demorando y es posible que las estén analizando para decidir si es que las confirman o las revocan, se tendrá que esperar.
¿Qué expectativas tiene para el año 2026 en cuanto a extinción de dominio?
-La buena noticia es que el Tribunal Constitucional ha ratificado la constitucionalidad con algunas restricciones, se continuará. Ha disminuido la cantidad de demandas. Vamos a esperar que la fiscalía realice los actos de investigación para que se pueda identificar bienes procedentes de actividades ilícitas.
¿Ustedes también ven casos por tráfico de oro a través de la minería ilegal?
-El ministerio público es quien verifica la legalidad del oro, así como de la madera, el tráfico de especies, recursos naturales; el oro también tiene un flujo, una trazabilidad para poder construir dragas, traer personal, internar máquinas, eso necesita mucha inversión,
Estamos a espera que la fiscalía identifique mediante actos de investigación, cuál es esa trazabilidad, quién invierte, cómo hacen los depósitos, cómo compran combustible, la maquinaria, cómo logran meter los motores a la zona. Y así poder identificar quiénes se benefician económicamente con la minería ilegal.
Sí hay casos que nos trae la fiscalía. Incautan en barras, en pepitas; tratan de pasar por el aeropuerto y puertos fluviales. Es importante que en estas zonas tengan detectores para identificar a los que están tratando de pasar oro, a fin que se controle y no salga, que pueda ser incautado y no permitir el movimiento del material. (LMHL).
