Todos los días en nuestras páginas policiales damos cuenta de cómo va avanzando la delincuencia en nuestra ciudad y para colmo de los males ni la policía se salva de estos facinorosos, hemos tenido más reuniones entre autoridades y policías y compromisos de combatir y frenar la delincuencia en nuestra ciudad más que resultados en sí
Y es que garantizar la tranquilidad pública y erradicar la percepción de inseguridad que existe en Iquitos y en el resto del país, exige aplicar una política de Estado que vaya más allá de alquilar algunos patrulleros o contar con mayores recursos para el patrullaje en la ciudad.
En realidad, se requiere eso y más. La salida es asumir la seguridad desde una visión global que convoque e involucre a todos los sectores de nuestra sociedad, desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, hasta las municipalidades y los ciudadanos organizados.
Por ejemplo, resulta pertinente que el Gobierno exija al Congreso de la República que apruebe de una vez el reglamento de la ley que regula el funcionamiento de las empresas de vigilancia privada, a fin de que contribuyan al orden y eventualmente, entre otras tareas, puedan hacer uso de sus armas en sus labores de resguardo. La misma norma establece que las instituciones públicas y privadas tienen que contratar a su propia seguridad a efectos que los miembros policiales que venían cumpliendo esa función puedan dedicarse a cautelar la tranquilidad ciudadana.
Lo descabellado e irresponsable es pensar que esa medida será suficiente para garantizar la seguridad en establecimientos públicos y privados. Menos aún cuando no todas las empresas particulares de vigilancia son formales y están registradas. Si bien se estima que estas organizaciones aglutinan a más de 60 mil vigilantes, la mayoría son informales.
Para que sean efectivamente un aporte en la seguridad ciudadana tienen que ser empadronados, saber quién es quién y qué garantías ofrecen. Son muchas las denuncias de vecinos que, temerosos tal vez por la ausencia del resguardo policial, contratan a seudoempresas y seudovigilantes particulares que al final se coluden con los delincuentes.
Así, en lo inmediato, la meta debería ser consolidar canales de coordinación reales, con el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, el serenazgo, los servicios privados de vigilancia y también los vecinos organizados en rondas vecinales que merecen asesoría y apoyo para constituirse en parte importante de la solución del problema. Asimismo, aplicar una estrategia inteligente para proteger a los segmentos en mayor riesgo.
