- Vocera indígena Alicia Piña cuestionó las intervenciones contra transportistas de combustible y exigió que las fuerzas del orden concentren sus operativos en las zonas de extracción ilegal de oro.
Las comunidades rurales de la cuenca del Alto Nanay, en Loreto, expresaron su preocupación por las intervenciones realizadas durante el estado de emergencia decretado para combatir la minería ilegal. Según denunciaron sus representantes, los controles estarían perjudicando a pobladores dedicados a actividades legales, mientras las operaciones de extracción ilegal de oro continuarían desarrollándose en distintos sectores del río.
Desde la comunidad de Mishana, la vocera indígena Alicia Piña manifestó, durante una entrevista, que la medida no estaría ofreciendo los resultados esperados. Aseguró que las intervenciones de las fuerzas del orden afectan principalmente a comuneros y transportistas fluviales, quienes dependen de sus embarcaciones para desarrollar sus actividades cotidianas.
La dirigente relató el caso de un joven que habría sido intervenido por efectivos de la Marina de Guerra cuando transportaba combustible presuntamente destinado a trabajos de infraestructura en una comunidad. Según su testimonio, el combustible fue decomisado y el transportista permanecía detenido por problemas relacionados con la documentación exigida.
Piña explicó que muchas embarcaciones utilizadas por los habitantes de la cuenca no cuentan con matrícula u otros documentos, situación que puede generar dificultades durante los controles. Advirtió que estas intervenciones también podrían perjudicar la ejecución de obras comunales que requieren combustible para el funcionamiento de maquinaria.
Asimismo, informó que en la comunidad de Diamante Azul se habría producido la incautación de aproximadamente 13 o 14 bidones de combustible presuntamente destinados al abastecimiento de la minería ilegal. Señaló que los propios pobladores vienen mostrando su preocupación ante la continuidad de estas actividades.
La representante indígena cuestionó que, pese al estado de emergencia, continúe el presunto traslado de combustible, alimentos y otros suministros hacia los sectores donde operan las dragas. También mencionó incidentes en otras comunidades y denunció una aparente falta de patrullaje en determinadas zonas de la cuenca.
Ante esta situación, solicitó que la Policía Nacional y la Marina de Guerra concentren sus operaciones en los puntos donde se desarrolla la minería ilegal, sin perjudicar injustamente a quienes transportan materiales para actividades legales. También pidió que las autoridades escuchen las denuncias de los habitantes y revisen los procedimientos aplicados durante las intervenciones.
Finalmente, Alicia Piña advirtió que las comunidades evalúan coordinar nuevas acciones para exigir mayor efectividad en la lucha contra la minería ilegal. Las denuncias sobre el decomiso de combustible, la situación del transportista y la presunta continuidad de las actividades extractivas requieren ser esclarecidas por las autoridades competentes. (K. Rodriguez)
