“Todo gobierno al inicio de gestión debe presentar al país cuál será su ruta de acción y cuáles son sus pilares de trabajo que hagan posible un tránsito hacia un Perú cada vez menos desigual y más solidario; es lo ideal”, publica en su último análisis el economista Roger Grández, el cual lo compartimos algunas partes.
Así mediante el DS 164-2021-PCM que aprueba la Política General de Gobierno 2021-2026, planteando 10 ejes de política. El eje de política numero 6 está referido al Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo.
Eso de acuerdo a la última encuesta nacional sobre percepción de la corrupción (2019) elaborada por Proética (www.proetica.org.pe), la corrupción es el segundo principal problema que sufre el país, por debajo de la delincuencia, y su tendencia es ir creciendo en los próximos cinco años hasta alcanzar el primer eslabón.
En el 2020, la pandemia no solamente revelo la fragilidad del sistema sanitario de nuestro país, al extremo de ser reconocidos en el mundo con el mayor número de fallecidos por millón de habitantes; reveló también el virus oculto (malvado y mezquino) de la persona por apropiarse de los recursos públicos aun a costa de la vida de sus semejantes, realizando cotizaciones y compras sobrevaluadas.
También de empresas privadas que elevaron sus precios de los principales precios básicos en el mercado, como son el oxígeno medicinal, medicamentos y equipamiento para la salud, así como los insumos para la alimentación familiar. La corrupción es y seguirá siendo el principal problema para el país y su valor respecto al PBI es de 12.6 por ciento del presupuesto ejecutado en el 2020 y al 3.2 por ciento del PBI del mismo año.
Es decir, en el 2020 se robaron S/ 22 mil 059 millones (CGR, 2021). El texto de Política General del Gobierno 2021-26 contiene 5,426 palabras, de las cuales corrupción es mencionada 4 veces; 2 de ellos son encabezados de política, y las 2 restantes están referidas a desarrollar acciones transnacionales para perseguir al delito, y la siguiente se encuentra referida a tomar acciones relacionadas a fortalecer los sistemas de control y el sistema judicial anticorrupción.
Si bien el país muestra logros en el avance contra la corrupción, el Estado peruano carece aún de mecanismos y una política integral, descentralizada, con enfoque de género e intercultural que permita la participación activa de las poblaciones y a la ciudadanía en su conjunto, para lograr mejores resultados en la lucha anticorrupción.
Si el Gobierno pierde la visión y la fuerza de la lucha contra la corrupción, que roba ilusiones y pospone planes de vida, las organizaciones sociales de base de todo nivel y de toda condición, deben marcar diferencia y abanderar una lucha que se tiene que volver permanente, incluso desde el interior de nuestras familias.
“Segundo lugar en corrupción”
