La Contraloría General de la República está designando en varios sectores públicos a los nuevos jefes o jefas de las Oficinas de Control Institucional- OCI, que siempre nos hemos estado preguntando qué controlan. Es que la gran cantidad de defraudación a los recursos económicos del Estado nos dan la sensación que no controlan nada.
Daría la impresión que todo pasa por las narices de los responsables de OCI, que son quienes deben cuidar el buen uso de los recursos del Estado, la eficiencia de las gestiones de turno, y si encuentran situaciones que no se ajustan a los objetivos del control que ejercen, advertir en una primera instancia y denunciar.
Pero, que ha estado y tal vez seguirá pasando en las entidades del Estado como municipalidades, direcciones regionales y gobierno regional; se han cometido irregularidades en el manejo de los recursos públicos, pero los procuradores, los jefes de las oficinas de control, no vieron nada y si lo vieron e informaron a la Contraloría, no sirvió de mucho, porque no se detuvo el ilícito porque luego se dieron otros y otros casos.
De qué estamos hablando? La cruda realidad es esa. Qué o quién está mal? La entidad o el controlador. Nosotros diríamos que ambos. Para empezar, cuando se acerca a la oficina de la Contraloría de Iquitos para recabar información, nos responden que acá no se puede dar nada, y nos “facilitan” un teléfono de Lima, para hacer las coordinaciones de una entrevista. Lo mismo sucede en la oficina del Ministerio de Economía en Iquitos, lo mismo sucede con Petroperú. No pueden declarar, ni ofrecer información sus funcionarios. Esto es democracia? Nada que ver.
Entonces dónde queda el acceso a la información pública, nada más que en la letra muerta de la ley. Este es el sistema que impide que salgamos de una situación de ocultismo de la cosa pública. Ese mismo sistema que hace que la Contraloría sea ineficiente. A quién se le ocurrió que a sus funcionarios les tienen que pagar sus haberes, sus sueldos, sus honorarios profesionales, la entidad a la cual van a controlar. Qué cretinos!
Esta situación va a cambiar, sí, va a cambiar después de muchos lustros que ya nos saquearon los recursos económicos que nos pertenece a todos. Pero, bueno. Estamos en otro escenario. Pero, pensamos que es un paso incompleto, hasta tímido, porque para éxito de estas acciones de control tendría que darse una articulación efectiva entre los estamentos que existen llámese Contraloría (y sus oficinas), fiscalías anticorrupción, instancias de control del Ministerio de Economía, etc.
Ello lo decimos porque cómo es posible que no exista un filtro para detectar en el acto depósitos súper desmesurados a cuentas de sueldos de profesores de 35 mil soles, 50 mil soles, 120 mil soles , 135 mil soles, 170 mil soles, y hasta dos veces en un mismo mes. Y volvemos a lo dicho anteriormente, no funciona el sistema y el de control interno no existía. Esto ocurrió en la UGEL Datem del Marañón, caso que es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Iquitos y Contraloría de Moyobamba. Nadie detectó.
¿Qué controlan?
