La autoridad en un Estado de Derecho, como el que vivimos los peruanos, representa a la Ley y a la colectividad donde ejerce, por lo que la ciudadanía está en la obligación de respetar a quien aplica las leyes y los reglamentos que rigen y norma la vida ciudadana. En Iquitos, el principio de autoridad se ha quebrado desde que la municipalidad ha sido refugio de gente de mal actuar y mal vivir, quienes desde la sombra dirigieron como a títeres a los representantes ediles. Al ser así, qué ejercicio de autoridad puede tener alguien que anda coludido con malhechores.
Pero con los días corriendo, encontramos en el camino a una mujer, regidora ella, que por disposición del Jurado Nacional de Elecciones, desde hace poco, ha asumido la alcaldía de la provincia de Maynas. La alcaldesa Adela Jiménez está poniendo orden en la ciudad y eso se debe respetar. Iquitos es un maremágnum con oleadas delincuenciales en las calles, con una inseguridad en los ciudadanos que los está llevando a niveles de sentirse perseguidos mientras transitan por las calles en un trimóvil, porque entre los conductores se han infiltrado asaltantes que cuadran al pasajero con cuchillos y armas de fuego.
Por otro lado, la tranquilidad a que tiene derecho la familia en sus noches de descanso, se ha visto interrumpida por malos vecinos que no respetan los derechos de los demás. En cualquier parte, el lector encontrará un vecino que a las cuatro de la madrugada pone volumen alto a su equipo de sonido, por allá se dará con un restaurante que ofrece, entre sus potajes, fiestas bailables con orquesta y vaya usted a poder dormir con tal bulla.
Ante este cuadro desesperante, la alcaldesa tomó la determinación de clausurar definitivamente 7 bares ubicados en la avenida Mariscal Cáceres, que tenían y tienen al borde del stress al vecindario de ese sector, donde también, desde el jueves hasta el domingo, tienen que soportar la actuación de dos conocidos grupos musicales.
Bien, la ordenanza municipal de clausura fue como un chiste para los propietarios de esos lugares donde los parroquianos armaban tremendas borracheras, de lo que estaban atentos los asaltantes para coger a sus víctimas. No esperaron un solo día y volvieron a abrir sus locales ante la perplejidad de los vecinos. Ante esto, la alcaldesa debe acudir a otros mecanismos legales para hacer respetar el principio de autoridad tan venido a menos.
Creemos que una medida sería comunicar la disposición municipal a las empresas distribuidoras de cerveza, haciéndoles conocer que tal o cual establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, ha sido clausurado y que por tanto no deberían alentar la renuencia a cumplir con lo dispuesto, absteniéndose de venderles sus productos, como un gesto respeto a lo que manda la autoridad.
