Resulta paradójico que bajo los efectos de la campaña política para elegir un nuevo presidente y un nuevo o remozado Congreso Nacional, se haya vuelto un lugar común en el imaginario ciudadano nacional, el que todo o la mayor parte del desarrollo del narcotráfico en el país, está ligado a la política que se vive actualmente, y que tiene como centro de operaciones nuestra región, específicamente en la parte operativa en las ciudades fronterizas y en el aspecto financiero en la ciudad de Iquitos.
Llamada por un destacado columnista político como una campaña mediocre y corrupta, la molestia natural de la ciudadanía honesta frente a tales engendros, es comprensible, dado a que el maquillaje que cubre muchas suspicacias, a veces resulta muy leve y las miradas convergen en direcciones posiblemente equivocadas, pero la falacia ya germinó y así los verdaderos culpables del ilícito lavado de dinero, se mueven a sus anchas, amparados por el prurito de cierta gente que se las ingenia para hacer realidad las falacias.
Como corolario a todo lo que se viene diciendo y denunciando por los candidatos y los activistas de los grupos políticos en pugna, estimamos que tal práctica apunta a institucionalizarse, resulta alentador el acto de denuncia que el año pasado, que en su momento llevó a efecto el presidente del Segundo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en cuanto a la identificación de quienes desarrollan la ilícita actividad de lavado de dinero del narcotráfico, amparados en empresas industriales y comerciales, por medio de la cuales el dinero mal habido adquiere legalidad y otorga impunidad a los verdaderos cerebros del narcotráfico en la selva. Sin duda la citada denuncia resultó valiente y esclarecedora y se estima que servirá de punto de partida a acciones más severas contra el infame comercio.
Sin duda parecerá incongruente que estando en manos de la justicia información determinante e inculpadora, no se haya llevado a efecto una acción policial adecuada y un proceso ejemplarizador severo de parte de los magistrados enterados del tema; sin embargo, ningún acto severo y determinante se puede poner en marcha, dado a que el sistema que impera en el país pone trabas legales a cualquier acto punitivo, ya sea policial o judicial.
Si tomamos en cuenta que la misma situación de atadura de manos, ante el narcotráfico y el terrorismo, impide el accionar de la Fuerza Armada en los actos negativos que desarrolla el narcotráfico en la frontera, nos encontramos ante un sinsentido legal que favorece al delincuente y pena al cuidador del orden y la legalidad, y eso, por la salud del país y por la pureza que debe mostrar el trabajo electoral, no debe continuar.
Sería conveniente que así como el gobierno viene logrando éxitos económicos a favor del país, también, antes de irse, diseñe una estrategia que sirva para amparar a la Fuerza Armada cuando tenga que intervenir en actos punitivos contra el narcotráfico que, según informes provenientes de la frontera, intentan crear zonas liberadas para desarrollar su ilícito negocio. La pelota está en la cancha del gobierno que tiene la potestad de sugerir leyes que eliminen de raíz el nocivo engendro que resulta de la simbiosis política – narcotráfico.
