Loreto no puede seguir siendo tierra de nadie

Cuando el Estado anuncia que enviará fuerzas militares para “recuperar” un territorio, la pregunta que debería incomodarnos es otra: ¿en qué momento permitió que ese territorio dejara de estar bajo su control? Bellavista Callarú no apareció ayer en el mapa. Sus pobladores llevan años viviendo en una zona fronteriza donde las economías ilegales han encontrado condiciones para avanzar. La instalación de una base militar puede ser necesaria, pero también representa una respuesta tardía frente a una realidad que ya no puede seguir siendo ignorada.
No estamos hablando de un territorio cualquiera. Se trata de una zona estratégica para la seguridad y la soberanía nacional, ubicada en una región fronteriza donde el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas buscan ampliar su influencia. Y aquí el peligro no está únicamente en los delitos que se cometen, sino en la posibilidad de que estas organizaciones terminen imponiendo sus propias reglas y condicionando la vida de las comunidades.
El crimen organizado no espera a que las instituciones reaccionen. Avanza allí donde encuentra oportunidades, utiliza las necesidades de la población y aprovecha las enormes distancias que separan a estas comunidades de los centros de decisión. Por eso, una respuesta efectiva debe impedir que quienes manejan las economías ilegales terminen convirtiéndose en la principal fuente de ingresos, empleo o protección para los pobladores.
La instalación de una base militar en Bellavista Callarú y el anunciado despliegue hacia el Napo-Curaray deben entenderse como parte de una estrategia mucho más amplia. La seguridad requiere inteligencia, presencia policial, fiscales y jueces, pero también escuelas, salud, conectividad y alternativas productivas. No basta con recuperar físicamente un territorio; hay que garantizar las condiciones para que el crimen no vuelva a ocuparlo.
Además, las comunidades no pueden ser vistas únicamente como escenarios de operaciones militares. Allí viven ciudadanos peruanos que tienen derecho a desarrollar sus actividades con seguridad y dignidad. Cualquier estrategia contra las economías ilegales debe incorporar a sus pobladores, escuchar sus necesidades y fortalecer a sus organizaciones para evitar que sean utilizados por las redes criminales.
Loreto necesita resultados, no anuncios que pierdan fuerza con el paso de los meses. La recuperación de nuestras fronteras debe convertirse en una política permanente y no en una reacción frente a cada nueva amenaza. La soberanía también se construye protegiendo a quienes viven en los lugares más alejados del país. Si el Gobierno realmente quiere recuperar estos territorios, que lo haga con firmeza, pero también con una estrategia que permita que, una vez recuperados, permanezcan en manos de sus legítimos dueños: sus comunidades y el Estado peruano.