Hay cosas que un Estado puede respetar, comprender y hasta tolerar; pero la protección de la vida y la salud de los niños no puede quedar subordinada a creencias, decisiones particulares o barreras comunitarias. Si en pleno 2026 las brigadas sanitarias tienen serias dificultades para vacunar contra el sarampión a menores de Alto Monte e Israel, estamos frente a un problema que no puede ser tratado como una simple dificultad logística. Es una señal de alarma que las autoridades deben enfrentar con firmeza, responsabilidad y sentido de urgencia.
El respeto a las creencias religiosas y culturales es fundamental en una sociedad democrática. Pero ese respeto no puede confundirse con la renuncia del Estado a cumplir su obligación de proteger a quienes todavía no tienen capacidad para decidir por sí mismos. Un niño no puede cargar sobre sus hombros las consecuencias de las decisiones de los adultos. Mucho menos cuando existe una vacuna eficaz y una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse.
La advertencia formulada por el epidemiólogo Hugo Rodríguez Ferrucci debe servir precisamente para abrir este debate. Loreto ya registra casos de sarampión y mantiene otros bajo investigación. El bloqueo epidemiológico ha permitido contener oportunamente los casos detectados, pero sería irresponsable pensar que el problema está resuelto. El sarampión puede desplazarse con las personas y no necesita autorización para ingresar a una comunidad.
La preocupación adquiere una dimensión todavía mayor en vísperas del proceso electoral. El desplazamiento de funcionarios, trabajadores electorales, candidatos, fuerzas de seguridad y ciudadanos hacia provincias, distritos y comunidades incrementará inevitablemente la movilidad. Y allí donde existen poblaciones infantiles con esquemas incompletos de vacunación, las condiciones para la propagación de una enfermedad pueden multiplicarse.
Por eso, las autoridades sanitarias deben hacer lo que corresponda para garantizar que ningún niño quede excluido de la protección que ofrece la vacunación. Dialogar, explicar y convencer debe ser siempre el primer camino; pero cuando está en juego la salud pública, el Estado tampoco puede permanecer paralizado frente a las dificultades de acceso. La estrategia debe ser inteligente, intercultural y firme.
También corresponde atender de inmediato la preocupación planteada por el Jurado Electoral Especial de Maynas respecto al personal que tendrá que desplazarse durante las elecciones. Si se requiere conformar un grupo específico para garantizar su vacunación, que se haga. La prevención no puede quedar atrapada en trámites administrativos mientras las personas se movilizan por todo el territorio.
Loreto no necesita alarmismo ni medidas innecesarias. El propio especialista ha señalado que no estamos en un escenario que obligue a toda la población a utilizar mascarillas. Lo que necesitamos es algo mucho más elemental: vigilancia, vacunación, información y capacidad de respuesta. Porque frente al sarampión, la mejor defensa sigue siendo una vacuna. Y cuando se trata de nuestros niños, ninguna barrera debería ser más fuerte que el deber de protegerlos.
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La salud de los niños no puede negociarse
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