

La Corte Superior de Justicia de Loreto, liderado por el presidente Reynaldo Elías Cajamarca Porras, implementó con éxito el programa preventivo “Ruta de la Flagrancia”, una iniciativa orientada a concientizar a los estudiantes de la Institución Educativa Rosa Agustina, nivel secundario, sobre el impacto de la delincuencia. La jornada pedagógica tuvo como propósito central ilustrar de manera cruda y directa cómo una mala decisión juvenil puede desencadenar consecuencias legales drásticas e irreversibles, truncando de inmediato su futuro personal y familiar.
El evento se inició en el frontis de la Unidad de Flagrancia con una impactante escenificación en vivo de un robo agravado con consecuencia de muerte. La dramatización permitió a los alumnos observar en tiempo real la violenta dinámica del acto delictivo, la inmediata respuesta operativa de la Policía Nacional del Perú y la captura de los presuntos criminales en flagrante delito. Este realismo impactó a la comunidad estudiantil, evidenciando de forma tangible el dolor de las víctimas y la severidad de la intervención estatal ante situaciones de extrema violencia urbana.
Posteriormente, los escolares ingresaron a las instalaciones judiciales para recorrer de manera presencial cada etapa del proceso penal inmediato. Guiados paso a paso, los jóvenes atestiguaron la transición del caso desde las celdas de detención provisional y la recolección de evidencias fiscales, hasta culminar en la sala de audiencias donde el juez dictó la correspondiente sentencia condenatoria. El recorrido demostró la rapidez del sistema, capaz de resolver y sancionar penalmente estos crímenes flagrantes en un plazo máximo de 72 horas.
La actividad contó con el protagonismo articulado de todos los operadores de justicia de Loreto, incluyendo a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Nacional y el INPE. Al cierre del programa, el magistrado Cajamarca, entabló un diálogo directo con los adolescentes, instándolos a conducirse bajo principios éticos y de estricta legalidad. Esta sólida herramienta educativa reforzó el rol del sistema judicial no solo en la sanción del delito, sino en la activa prevención social dentro de los colegios de la región.




