Justicia en Datem del Marañón

La visita administrativa realizada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Reynaldo Elías Cajamarca Porras, dejó un mensaje importante: la justicia no puede permanecer distante de la población, especialmente en provincias alejadas como el Datem del Marañón. El acercamiento con autoridades, usuarios judiciales y sociedad civil permitió escuchar directamente las principales necesidades y limitaciones que enfrenta el sistema judicial en esta parte de la región.
Durante la supervisión a los juzgados, se constató que existe una considerable carga procesal, aunque los expedientes vienen siendo tramitados dentro de plazos razonables. También se destacó el compromiso de jueces y trabajadores para mejorar la atención al ciudadano, reforzando la puntualidad, el buen trato y el correcto registro estadístico de los procesos judiciales. Son medidas necesarias para recuperar la confianza de la población en las instituciones.
Sin embargo, la realidad sigue mostrando profundas carencias estructurales. La falta de defensor público, cámara Gesell, médico legista y psicólogos representa una enorme desventaja para las personas más vulnerables, especialmente mujeres, niños y víctimas de violencia. A ello se suman las precarias condiciones de la infraestructura judicial y las dificultades logísticas para realizar notificaciones en comunidades alejadas, lo que termina retrasando audiencias y decisiones judiciales.
Otro aspecto relevante fue la preocupación compartida por el incremento de la inseguridad ciudadana. La propuesta de conformar una mesa de trabajo entre la Policía Nacional, autoridades y sociedad civil refleja la necesidad de una respuesta articulada frente a la delincuencia y los conflictos sociales. La justicia no puede actuar sola; requiere coordinación permanente con todas las instituciones del Estado y con la propia población.
El diálogo abierto desarrollado en el Datem del Marañón demuestra que escuchar a la ciudadanía es fundamental para mejorar el servicio judicial. Más allá de las visitas protocolares, la población espera resultados concretos, procesos más rápidos y mayor presencia del Estado. El verdadero reto será convertir estos compromisos en acciones sostenibles que permitan garantizar una justicia más cercana, eficiente y humana para todos.