- Entidades del sistema de justicia plantearon necesidades prioritarias y alternativas en Mesa de Trabajo convocada por la ODANC Loreto.
La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) desarrolló el último 28 de noviembre la 2da Mesa de Trabajo por la Transparencia, Eficiencia y Eficacia en la Administración de Justicia, donde las instituciones vinculadas a este sector identificaron los principales obstáculos que enfrentan en su labor, y que afectan el funcionamiento del sistema de justicia. Asimismo, plantearon las alternativas para responder a estas necesidades.
La fiscal superior, Mery Lidia Aliaga, en representación del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto, agradeció y reconoció la superación de las problemáticas planteadas en la primera mesa de trabajo de la ODANC.
Sin embargo, “hay más por superar”; en ese sentido instó al Poder Judicial y al Ministerio Público a trabajar articuladamente. Asimismo, solicitó que las audiencias en etapa de juicio oral, específicamente las concernientes a casos de corrupción de funcionarios, se programen en fechas menos espaciadas.
Representando a esta misma entidad, tomó la palabra la fiscal Giovanna Elizabeth Félix Rosell, quien planteó se libere la carga procesal de los juzgados penales colegiados; en lo que coincidió el decano del Colegio de Abogados de Loreto, Marco Noriega Piña: “los magistrados que forman parte de juzgados penales colegiados y que además están a cargo de un juzgado penal unipersonal se dividen los días de la semana para atender ambos órganos judiciales, lo que les genera sobrecarga procesal”.
Ante lo cual, solicitó al presidente de la Corte de Loreto se gestione la creación de juzgados penales, medida que coadyuvará a que “se cumplan los plazos procesales para las diligencias y notificaciones a las partes procesales, teniendo en cuenta que las audiencias se llevan hasta altas horas de la noche”.
Como alternativa adicional, propuso Félix Rosell la realización de maratones judiciales direccionadas a resolver casos sensibles como pensiones de alimentos, omisión a la asistencia familiar, violaciones contra niños y adolescentes, violencia familiar, entre otros.
