Por: Fernando Meléndez Zumaeta
Tecnócrata y Político Peruano.
El 08 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial «El Peruano» el Decreto Supremo Nº 018 – 2015 – VIVIENDA, mediante el cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), establece lineamientos y procedimientos para la ejecución de proyectos de inversión de saneamiento de gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades prestadoras de servicios de saneamiento municipales, que estén previstos en el presupuesto institucional del Ministerio.
Esta mal dada norma legal -desde mi modesto entender- no solo colisiona con la autonomía que la Constitución Política del Estado y las respectivas Leyes Orgánicas confieren a los gobiernos regionales y gobiernos locales, sino que además entorpece y hace retroceder el proceso de descentralización del país. El gobierno de Ollanta Humala, reconcentra para sí todas las decisiones estatales en materia de saneamiento. ¡Pésima decisión política!
El artículo 2º de esta ilegal norma, señala que los proyectos de inversión de saneamiento de los gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades prestadoras de servicios de saneamiento municipales, cuyos montos de inversión sean mayores a Un Mil Quinientas Unidades Impositivas Tributarias (1500 U.I.T.) y que resulten priorizados y con evaluación de calidad favorable para su financiamiento…así como, los proyectos priorizados por el Fondo para la Inclusión Económica en las Zonas Rurales – FONIE…y los que sean priorizados con otros dispositivos legales, «podrán» ser ejecutados por el MVCS.
Veamos: Una U.I.T. equivale a S/. 3,850 Nuevos Soles, multiplicado por 1,500, asciende a S/. 5’775,000 Nuevos Soles, es decir; el Gobierno Nacional ejecutará directamente a través del MVCS, los proyectos de saneamiento (Agua y Desagüe) que se encuentran priorizados para su ejecución, cuyo financiamiento lo tenga a su cargo; no importa que los proyectos de inversión pública tengan como Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Esta es una decisión arbitraria, propia de un gobierno autoritario, porque obliga a los gobiernos sub nacionales a renunciar a la titularidad de sus proyectos de inversión en saneamiento; o en otro caso, conmina a los mismos a suscribir convenios en contra de sus voluntades para delegar en el gobierno nacional, las competencias que tienen en materia de saneamiento.
El angurriento gobierno nacionalista quiere ser el único en ejecutar proyectos de saneamiento en todo el país, no importa que los proyectos sean de pequeña envergadura, lo que importa es tener amarrados a los alcaldes y a los gobernadores regionales para que estos tengan la necesidad de acudir a Palacio de Gobierno y pedir de rodillas al autócrata de turno, que por favor ejecuten el proyecto de saneamiento en su jurisdicción. Y como es de esperar- el autócrata- condicionará su decisión al apoyo que los alcaldes y gobernadores regionales deban ofrecer para la campaña política del candidato oficialista, la clásica estrategia de los mediocres, cuando no pueden convencer con argumentos sólidos y válidos, acuden al chantaje.
El segundo párrafo del artículo 4º de esta norma, establece: En los casos en que los gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades prestadoras de servicios de saneamiento municipales, asuman compromisos para el cofinanciamiento de los proyectos bajo su ámbito territorial… dichos recursos se incorporan al presupuesto institucional del MVCS, conforme a la normatividad presupuestaria vigente, y constituyen fuente de financiamiento para la ejecución de tales proyectos.
Pero esto no es todo, ésta mal dada norma legal, establece excepciones en el numeral 1.2 de la Primera Disposición Complementaria y Final, dice: El MVCS, a través del viceministro de Construcción y Saneamiento… «podrá» adoptar la decisión de ejecutar… los proyectos de inversión cuyo monto de inversión sea igual o menor a Un Mil Quinientas Unidades Impositivas Tributarias (1500 U.I.T.) ¿Qué es lo que busca este gobierno «nacionalista»? la respuesta salta a la luz, hacer caja para la campaña electoral, asegurar recursos financieros y logísticos para favorecerse políticamente con prácticas que colisionan con la moral y la ética, olvidando o dejando a un lado el lema de campaña: «La honestidad es la diferencia» ¡Qué ironía! ¡Que fracaso!
¿Qué dicen los alcaldes distritales y provinciales de Loreto? ¿Qué dice el gobernador regional de Loreto? ¿Qué dicen los congresistas por Loreto? ¿Qué hará el Frente Patriótico de Loreto? ¿Continuaremos soportando a autoridades pusilánimes? ¿Ya habrán tomado conocimiento de este dispositivo legal?
¿Qué arguye o en qué se basa el gobierno nacional para tomar esta decisión? La respuesta es simple, los gobiernos regionales y gobiernos locales del país han demostrado incapacidad técnica y moral para ejecutar proyectos de esta naturaleza. A las pruebas me remito, el Gobierno Regional de Loreto, Gestión 2007 – 2014, ha ejecutado diferentes proyectos de saneamiento en las provincias y distritos de Loreto con recursos del MVCS, ¿Cuáles son los resultados? La respuesta es simple: Varios no funcionan, es decir no sirven; otros están en arbitraje; otros no se terminaron, están paralizados, pues el dinero se terminó pero la obra no. A ello se suma la megaestafa del siglo: El Proyecto del Entubado -800 millones de soles se tiraron al desagüe- no funciona, no sirve y no se sabe si funcionará ¿Qué acciones viene implementando la actual gestión regional para resarcir al pueblo loretano de estos daños y sancionar ejemplarmente a los responsables o irresponsables, según corresponda? Hasta el momento nada. ¡La incapacidad o ineptitud de las gestiones regionales y municipales no debe ser motivo para arremeter contra la institucionalidad!
Es preferible morir de pie, pero luchando, antes que vivir de rodillas esperando las migajas del tirano. Exijo a los titulares de los pliegos presupuestales de las municipalidades provinciales y distritales de Loreto, a pronunciarse frente a este atropello de sus fueros; a los concejos municipales provinciales y distritales a presentar acciones de inconstitucionalidad de esta norma. Desde esta modesta tribuna, protesto enérgicamente por este nuevo atropello a la autonomía municipal y regional, protesto y rechazo categóricamente este nuevo atentado contra el proceso de descentralización del país porque debilita la institucionalidad democrática y el estado de derecho. Por tanto, exijo al gobierno nacional a derogar inmediatamente esta nefasta norma legal que debilita a los gobiernos sub nacionales y solo favorece a sus mezquinos y oscuros intereses.
Necesitamos representantes ante el Congreso de la Republica que defiendan y hagan respetar la constitucionalidad y la institucionalidad democrática del país. La derogación de la citada norma legal debió haberse tenido en cuenta para el voto de confianza al Gabinete Cateriano. Pueblo de Loreto, estamos advertidos, después… lamentos en la playa… no lloremos cual plañideras lo que no supimos defender como hombres. ¡Adelante!
