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Federaciones indígenas cuestionan reactivación de lotes petroleros 192 y 8 por incumplimiento de acuerdos

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Advierten que persisten compromisos pendientes en salud, remediación ambiental y consulta previa, mientras el Gobierno impulsa la continuidad de las operaciones petroleras.

Cinco federaciones indígenas de la región Loreto anunciaron una conferencia de prensa para mañana martes 3 de noviembre, en Lima, con el propósito de expresar su preocupación frente a la reactivación de las actividades petroleras en el Lote 192 y la continuidad de las operaciones en el Lote 8. Los dirigentes cuestionan que el Estado impulse estos proyectos mientras permanecen pendientes diversos compromisos asumidos con las comunidades afectadas por décadas de explotación petrolera.

La actividad se desarrollará a las 11 de la mañana en el local de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), ubicado en la avenida San Eugenio 981, urbanización Santa Catalina, distrito de La Victoria. Los representantes indígenas expondrán sus principales demandas y anunciarán las medidas que podrían adoptar si las autoridades nacionales no ofrecen soluciones a los problemas denunciados.

La convocatoria se produce después de conocerse la decisión gubernamental de promover el retorno de las actividades en el Lote 192, a cargo de Petroperú y Cheiron, mediante su subsidiaria Petroloreto. Este lote, ubicado en la Amazonía loretana, permanece paralizado desde enero de 2025, tras la salida de Altamesa Energy, situación que abrió un nuevo escenario de incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales.

Uno de los principales cuestionamientos de las federaciones está relacionado con los acuerdos de consulta previa del Lote 192, particularmente aquellos vinculados con la atención sanitaria de las poblaciones indígenas expuestas históricamente a la contaminación petrolera. Según las organizaciones, existen siete obras de infraestructura de salud paralizadas o sin financiamiento desde hace varios meses, algunas de las cuales incluso enfrentarían posibles procesos de arbitraje.

Las federaciones también denunciaron que, durante los últimos cinco años, la atención sanitaria comprometida habría recibido menos de la mitad del financiamiento previsto. Esta situación, sostienen, ha impedido cumplir diversos componentes establecidos en la normativa y en los acuerdos alcanzados con el Estado, pese a las necesidades de atención médica que presentan las comunidades asentadas en las cuencas petroleras.

En materia ambiental, los representantes indígenas advirtieron que todavía no se han iniciado las acciones de remediación en el Lote 192, donde señalan la existencia de aproximadamente 3 mil sitios impactados. Asimismo, cuestionaron que los planes de abandono correspondientes a las anteriores operadoras, Pluspetrol y Frontera Energy, continúen pendientes de aprobación y ejecución, lo que, según las organizaciones, mantiene sin resolver una considerable deuda ambiental.

Respecto al Lote 8, las federaciones expresaron su preocupación por las operaciones desarrolladas por Upland Oil & Gas mediante un contrato temporal que vence en 2028, mientras se contempla la posibilidad de extender la explotación por otros 30 años. Los dirigentes sostienen que persisten incumplimientos relacionados con la consulta previa realizada en 2024 y cuestionan las modificaciones efectuadas a los límites del lote, cuyas implicancias, aseguran, no han sido suficientemente explicadas a las comunidades.

La conferencia contará con representantes de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Federación de Comunidades Nativas del Alto Corrientes (FECONACOR), la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), la Organización del Pueblo Kichwa Amazónico de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT). Estas organizaciones integran la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa del Territorio (PUINAMUDT), que representa a más de 100 comunidades de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, cuyos dirigentes exigirán respuestas concretas antes de que se profundice la reactivación petrolera en sus territorios. (K. Rodriguez)

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