Hace unos años la ciudadanía venía observando que las autoridades, sea del gobierno regional o de las municipalidades durante el ejercicio de sus funciones o gestión de gobierno, las Oficina de Control Interno (OCI) de la Contraloría de la República, no daban a conocer informes sobre cómo estaban actuando los administradores temporales de los bienes del Estado.
Estos “hallazgos” se conocían después que la gestión ya había terminado, de tal forma que ciertas autoridades procesadas podían decir que “no sabían nada”, o que “no se enteraron” de tal o cual asunto referente a hechos de presunto delito durante el pleno ejercicio de sus gestiones. Y que sus funcionarios deben responder, o sea los jefes del pliego “todos unos ingenuos”.
Por eso nos parece interesante que ahora la Contraloría viene dando a conocer, lo que en pleno ejercicio de las funciones pasa en las gestiones del Gorel y de municipios. Lo denominan advertencias, riesgos, hallazgos, posible perjuicio económico para la entidad y otros actos, que ameritan una intervención rápida para evitar el perjuicio al Estado y por tanto a la ciudadanía.
Sin embargo, observamos que si bien la Contraloría en sus informes internos que trasciende a lo público porque se visualiza en la página web de la Contraloría General de la República, no tiene un efecto de acción inmediata, para que se corrija el presunto entuerto.
Y son varias muestras, una de ellas es que la obra construcción del embarcadero de Nauta, orillas del río Marañón, se paralizó hace más de un año, la Contraloría lo advirtió, lo sigue haciendo, pero ahí queda. En concreto no se ve un resultado en el sentido de que se reanude la construcción de la obra.
Cómo hacer para que estos hallazgos tengan efecto en la garantía de que las obras sigan su curso luego del levantamiento de las observaciones del caso. Parece que ahí hay un vacío normativo. Caso contrario y como viene sucediendo se va seguir conociendo los hallazgos, pero no surten mayor efecto. O en todo caso se desconoce el efecto después del hallazgo.
Es decir seguimos igual, solo que antes se conocían estas irregularidades después que terminaban los mandatos de las autoridades, ahora nos enteramos en el transcurso de los mandatos. Esa es la diferencia. Nada más. La obra del embarcadero de Nauta sigue sin reanudarse. Ya se habría pagado más de lo que representa el avance de la obra y así sigue el evidente robo al dinero del Estado. Avanzamos muy lento en medidas anticorrupción.
Falta acción rápida
