La Junta Nacional de Justicia ha iniciado la evaluación integral y ratificación de fiscales que cuentan con más de siete años de servicio. En Loreto son nueve los fiscales provinciales comprendidos en este proceso, una revisión que debe ser tomada con seriedad porque la justicia no se mide solamente por la cantidad de expedientes que ingresan a una fiscalía, sino también por la capacidad de responder a tiempo a quienes esperan una respuesta.
Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué ocurre con las carpetas fiscales que permanecen durante años sin una conclusión? Para una persona que denuncia un delito, cada mes que pasa no es solamente una cifra en un expediente. Es tiempo, incertidumbre y, muchas veces, la sensación de que su caso quedó abandonado en algún escritorio. Una justicia que llega demasiado tarde corre el riesgo de dejar de ser justicia.
Por eso, la evaluación de los fiscales debería mirar también la realidad de las investigaciones que tienen a su cargo. No basta con revisar títulos, capacitaciones o declaraciones patrimoniales. También resulta fundamental conocer cómo se han desempeñado frente a las carpetas fiscales, cuáles han concluido, cuáles permanecen abiertas durante largos periodos y qué razones explican esas demoras. No se trata de exigir resultados imposibles, sino de saber si cada caso está siendo impulsado con la diligencia que corresponde.
La participación ciudadana anunciada por la JNJ adquiere precisamente allí un valor especial. La población conoce de cerca lo que significa esperar durante años una investigación. Hay ciudadanos que han presentado denuncias y terminan preguntándose qué pasó con ellas, por qué no avanzan o cuándo tendrán una respuesta. Esa experiencia también debería ser escuchada, siempre con responsabilidad y evitando convertir una evaluación seria en un espacio para acusaciones sin sustento.
Pero tampoco sería justo colocar toda la responsabilidad de la demora en los fiscales. El Ministerio Público enfrenta problemas de carga procesal, falta de personal, limitaciones presupuestales y dificultades propias de investigar delitos complejos. Sin embargo, reconocer esas dificultades no puede significar aceptar que una carpeta permanezca indefinidamente sin movimiento. Cuando existen razones objetivas para una demora, deben ser explicadas; y cuando existe negligencia, corresponde determinar responsabilidades.
La evaluación de la JNJ, entonces, debería ser una oportunidad para mirar más allá de los documentos y preguntarse por la justicia que recibe el ciudadano común. Una carpeta fiscal no es simplemente un número de expediente: detrás hay una víctima, un denunciante, una familia o una persona que espera que el Estado responda. Si esta revisión sirve para identificar buenas prácticas, corregir deficiencias y evitar que las investigaciones duerman durante años, habrá cumplido realmente su propósito. Porque en justicia, dejar pasar el tiempo también puede convertirse en una forma de injusticia.
