- “Defensores Indígenas y Amenazas Territoriales en Loreto” revela que 171 situaciones de riesgo fueron registradas entre 2017 y 2025 y advierte que las economías ilícitas, la débil presencia estatal y el subregistro mantienen expuestos a cientos de defensores y comunidades indígenas.
El estudio “Defensores Indígenas y Amenazas Territoriales en Loreto” fue presentado el martes 11 de agosto, con el propósito de mostrar la magnitud de los riesgos que enfrentan los pueblos indígenas y quienes defienden sus territorios frente al avance de economías ilícitas, actividades extractivas y otras presiones existentes en las ocho provincias de la región.
Martín Arana, especialista de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), explicó que el documento fue elaborado con participación de organizaciones indígenas y el apoyo de instituciones aliadas, tras un proceso de aproximadamente ocho meses que comprendió levantamiento de información en campo, revisión de registros institucionales y análisis de las condiciones presentes en el territorio.
Según explicó, el estudio constituye una primera aproximación integral a una problemática particularmente compleja debido a la enorme extensión territorial de Loreto. El objetivo no se limita a contabilizar casos individuales, sino que busca determinar qué condiciones territoriales están provocando que dirigentes, líderes comunales y otras personas que defienden derechos indígenas se conviertan en objetivos de amenazas.
Uno de los principales hallazgos establece que entre 2017 y 2025 se registraron 171 situaciones de riesgo contra defensores de derechos humanos y ambientales. Maynas concentra 77 casos, seguida por la provincia de Loreto con 37, Datem del Marañón con 18, Requena con 11, Ucayali con 10, Alto Amazonas con nueve, Putumayo con cinco y Mariscal Ramón Castilla con cuatro.
Sin embargo, Arana advirtió que estos registros no necesariamente reflejan la verdadera magnitud del problema. En las zonas más apartadas de Loreto existen pocos reportes oficiales de amenazas, situación que, lejos de demostrar una menor incidencia, estaría relacionada con la escasa presencia de instituciones estatales y las dificultades que enfrentan los habitantes para denunciar.
“En las zonas más apartadas de Loreto casi no hay registros de situaciones de riesgo. Pero eso no quiere decir que no estén ocurriendo situaciones de amenaza. Por el contrario, es allí donde tenemos probablemente las mayores amenazas”, sostuvo el especialista de FCDS al explicar uno de los puntos críticos identificados durante la investigación.
El propio estudio estima que existe un subregistro de al menos 300 defensores. El Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos considera actualmente a 101 defensores y ocho familiares, mientras que el análisis territorial plantea que la cantidad de personas que realizan estas labores debería, como mínimo, triplicar el registro existente.
Otro hallazgo central del estudio es que el 68 % de las situaciones de riesgo está relacionado con actividades ilegales. Entre las amenazas identificadas se encuentran la tala ilegal, el tráfico de tierras, el tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal, principalmente la minería aurífera fluvial. A estas se suman conflictos vinculados con hidrocarburos, derrames petroleros, contaminación y problemas territoriales.
La dimensión territorial del problema queda reflejada en las 1,228 comunidades y localidades indígenas analizadas. De ellas, 679, aproximadamente el 55 %, acumulan al menos cinco factores de riesgo, mientras que 394 presentan una situación crítica al encontrarse expuestas simultáneamente a seis o más factores de presión. Putumayo presenta proporcionalmente la mayor vulnerabilidad, con el 73 % de sus comunidades bajo más de seis factores.
El crimen organizado constituye otra de las principales amenazas. El documento determina que más de 770 comunidades y centros poblados con población indígena se encuentran bajo algún nivel de riesgo por la presencia y accionar territorial de grupos criminales organizados. Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Putumayo presentan al 100 % de sus comunidades bajo algún nivel de riesgo de acuerdo con este indicador.
La expansión del narcotráfico también aparece entre las principales preocupaciones. Unas 477 comunidades se encuentran dentro del área de influencia directa de actividades relacionadas con el narcotráfico, 98 están dentro del rango de influencia de pistas de aterrizaje clandestinas y 71 presentan simultáneamente cercanía con pistas y zonas de cultivos de coca.
La minería ilegal representa otro foco de presión. De las comunidades y localidades evaluadas, 415 se encuentran directamente amenazadas por actividades mineras, mientras alrededor de 68 están dentro del rango directo donde se detectaron dragas. El informe advierte que esta estimación todavía no incorpora completamente el alcance de la contaminación por mercurio sobre los ríos, peces y poblaciones indígenas.
Los hidrocarburos completan otro escenario crítico. Más de 546 comunidades enfrentan riesgos potenciales o inminentes relacionados con esta actividad, tanto por pasivos ambientales históricos como por zonas de exploración y explotación. El estudio señala además que casi todas las comunidades asociadas a pasivos ambientales se encuentran dentro de lotes petroleros, especialmente en las cuencas del Marañón y Tigre.
Frente a este panorama, Arana cuestionó que los mecanismos estatales de protección mantengan principalmente un enfoque individual. Explicó que proteger solamente al dirigente amenazado resulta insuficiente debido a que detrás de cada defensor existe una comunidad, familias y organizaciones que enfrentan las mismas condiciones territoriales que originaron la amenaza.
La respuesta estatal también presenta una importante brecha. Entre 2023 y 2025, la Prefectura Regional de Loreto emitió 13 resoluciones de garantías personales en Maynas y solamente una en Datem del Marañón, una en Loreto y una en Putumayo. En las demás provincias no se registraron resoluciones durante ese periodo, mientras el MINJUSDH emitió dos resoluciones viceministeriales mediante el Procedimiento de Alerta Temprana en Maynas.
La consecuencia más extrema de esta problemática es la pérdida de vidas. El estudio registra seis defensores indígenas asesinados en Loreto, tres casos correspondientes a Requena, dos a Datem del Marañón y uno a la provincia de Loreto. Ninguno de estos casos ha conseguido hasta el momento una sentencia condenatoria ni una reparación integral para los familiares de las víctimas.
Arana señaló que el estudio fue presentado ante funcionarios y autoridades precisamente para que sus resultados no permanezcan únicamente como diagnóstico. La intención es convertirlo en un insumo para fortalecer y corregir políticas públicas, especialmente ante el proceso de renovación de autoridades nacionales, regionales y locales.
El especialista agregó que el documento también debe servir a las organizaciones indígenas como una base para el diálogo y la formulación de propuestas frente al Estado. La información recogida permitiría sustentar con mayor precisión las demandas relacionadas con protección territorial, seguridad, presencia institucional y capacidad de respuesta frente a las economías ilícitas.
De esta manera, “Defensores Indígenas y Amenazas Territoriales en Loreto” plantea que la protección de los defensores no puede abordarse únicamente mediante medidas individuales. Los resultados muestran una problemática territorial en la que narcotráfico, minería ilegal, crimen organizado, hidrocarburos, tráfico de tierras y ausencia estatal pueden coincidir sobre las mismas comunidades, por lo que el estudio propone que sus hallazgos sean utilizados para impulsar respuestas públicas capaces de actuar sobre las causas que generan las amenazas. (K. Rodriguez)
