- Procesado deberá pagar S/ 25 000 por concepto de reparación civil y queda sujeto a inhabilitación, con consecuencias respecto del ejercicio de la patria potestad
En el marco de una audiencia de terminación anticipada, el quinto juzgado de investigación preparatoria de Maynas arribó a un acuerdo que establece una condena de 16 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva contra Nilo Yumbo Rubio procesado como autor del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, en agravio de Doris Padilla Papa.
De acuerdo con la imputación fiscal, el hecho se produjo en un contexto de violencia familiar, en el cual la víctima sufrió quemaduras de considerable gravedad que comprometieron aproximadamente el 45 % de su cuerpo, requiriendo atención médica de emergencia, siendo trasladada desde Santa Clotilde hasta la ciudad de Iquitos, requiriendo hospitalización y tratamiento especializado.
Conforme al acuerdo de terminación anticipada, se estableció una pena de 16 años y 8 meses de privación de libertad efectiva, computándose su ejecución desde el 9 de agosto. Dicho acuerdo se sustenta en la aceptación de los hechos y de la responsabilidad penal por parte del procesado.
El documento presentado por el Ministerio Público señala que la imputación corresponde al delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio agravado en grado de tentativa, previsto en el artículo 108-B del Código Penal, concordante con las disposiciones correspondientes a la tentativa.
Como parte de las consecuencias de la condena, se estableció el pago de S/ 25 000 (veinticinco mil soles) por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. Asimismo, se dispuso la inhabilitación, la extinción y pérdida de la patria potestad, por haber sido condenado por delito doloso durante el término de 3 años y 20 días.
La Corte Superior de Justicia de Loreto reafirma, mediante sus órganos jurisdiccionales, su compromiso con una administración de justicia oportuna, célere y firme frente a hechos de violencia contra las mujeres, garantizando el respeto de los derechos de las víctimas y el debido proceso de todas las partes.
