- Durante una jornada preventiva, adolescentes solicitaron atención individual para comunicar situaciones que podrían afectar su integridad. Los casos fueron derivados a las autoridades competentes.


La Cuarta Fiscalía Provincial de Familia de Maynas desarrolló una jornada de intervención preventiva en el Colegio Nacional Iquitos (CNI), donde estudiantes de secundaria dieron a conocer presuntas situaciones de violencia escolar y familiar que requieren atención especializada por parte de las autoridades competentes.
La actividad estuvo dirigida a estudiantes de primero y segundo año de secundaria, así como a integrantes de la Policía Escolar. La intervención se realizó en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL) y la dirección del plantel, con el propósito de fortalecer la prevención de la violencia en el ámbito educativo.
Durante la jornada, representantes del Ministerio Público brindaron charlas de orientación sobre los derechos y deberes de los adolescentes, destacando la importancia de reconocer situaciones que puedan poner en riesgo su integridad física, psicológica y emocional.
Asimismo, se abordaron temas relacionados con la prevención de la violencia física, psicológica y sexual, además del hostigamiento escolar, conocido como bullying. Los especialistas explicaron la importancia de identificar estas conductas y comunicar oportunamente cualquier situación de riesgo.
Uno de los aspectos más relevantes de la intervención fue la participación voluntaria de varios adolescentes que solicitaron conversar individualmente con el personal fiscal. Durante estos espacios privados, los escolares comunicaron presuntos casos de violencia ocurridos tanto en el entorno educativo como en el familiar.
Según informó el Ministerio Público, la información proporcionada por los estudiantes fue recibida de manera reservada, con el objetivo de proteger su identidad y garantizar la confidencialidad de sus testimonios. Las situaciones reportadas fueron derivadas, según correspondía, a las fiscalías y entidades competentes para su evaluación.
La institución destacó que estos espacios de escucha permiten identificar posibles situaciones de vulneración de derechos que, en determinadas circunstancias, no son comunicadas por los adolescentes a sus docentes o familiares. Por ello, consideró importante fortalecer la confianza y los mecanismos de orientación dentro de las instituciones educativas.
Finalmente, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, mediante acciones preventivas que promuevan entornos escolares seguros. Asimismo, resaltó la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las autoridades educativas, las familias y las instituciones responsables de garantizar los derechos de los menores.
(K. Rodriguez)





