Escandalosos delitos sin sanción

En los últimos días se ha hecho ya una costumbre escuchar denuncias públicas verbales, contra los trabajadores de diferentes nosocomios y centro de salud, referidas principalmente a la mala forma de tratar a los pacientes, así como a la reiterada costumbre de informarles que no existe reactivos en los laboratorios, lo que obliga a los pacientes, por orden del médico tratante en emergencia, a acudir a empresas particulares, las mismas que siempre están abastecidas hasta con lo más mínimo hasta lo máximo para hacer los exámenes solicitados por los galenos.
Las más comunes de esas situaciones, son las que se refieren a pruebas de determinada enfermedad porque, dicen los pacientes, que ellos saben cuáles son los síntomas que los obligan a ir a los hospitales, pero el médico es quien determina qué es lo que debe hacer el paciente, que en la mayoría de las veces resulta perjudicado porque tiene que recurrir a los laboratorios que coincidentemente, están ubicados en las cercanías de los hospitales, y ahí nunca faltan reactivos, ellos tienen siempre lo necesario para realizar todo tipo de exámenes.
Era tan evidente esta situación anómala -que las irregularidades se han convertido en algo escandaloso por no decir delincuencial- que la propia sub-directora regional de Salud, Enf. Clara Bustamante Pezo, doctora en salud Pública, hamanifestado su contrariedad por la ocurrencia de estos hechos a tal punto de manifestar públicamente “que no puede continuar ese negociado en el laboratorio del hospital regional”. Además, dijo que ha ordenado al director del hospital regional para que tercerice dicho servicio, es decir, el laboratorio en manos de particulares.
Eso significa que se ha comprobado la comisión de graves faltas por parte de los encargados del laboratorio, que son trabajadores de la Dirección Regional de Salud, del Hospital Regional de Loreto, para favorecer a particulares. La pregunta salta por sí sola, ¿y eso no merece sanción administrativa, disciplinaria y una denuncia penal contra los infractores? O sea, a quien delinque en el sector público, o en la Dirección Regional de Salud, en los hospitales y postas médicas, le cambian de colocación, de puesto de trabajo y sigue laborando como si nada.
Si se ha comprobado que efectivamente existía un negociado entre trabajadores de dicho servicio y empresas particulares, cómo es posible que no haya sanción administrativa, para luego seguir con la destitución y después con la denuncia penal? Así la corrupción va a seguir enquistada en el sector público, todos van a querer sacar provecho del cargo que ocupan, succionando los recursos económicos del Estado, es decir, de todos nosotros. Y lo más grave y como siempre sucede: En perjuicio de los más necesitados, de los pacientes humildes, de los más pobres.
Significa que se pueden robar colchas, sábanas, medicinas de los pacientes y no pasa nada? Que pueden canibalizar equipos, vehículos y cuanta propiedad del Estado este al alcance de estos malos trabajadores estatales, que en el colmo de todo podrían recibir la cerrada defensa de sus dirigentes sindicales en un mal entendido espíritu de cuerpo? Eso sí sería vergonzoso y hasta cómplice. Señores funcionarios del sector Salud: no tengan miedo, ni temor ni pánico para sancionar a los corruptos, empiecen a sentar precedentes. Empiecen ahora, luego será tarde.