“Es evidente que la mayoría de estas personas han sido condenadas sin darle el tratamiento que corresponde”

– Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, tras su visita a internos pertenecientes a las comunidades indígenas

– Teniendo en cuenta que es necesario establecer una legislación especial como es el caso del Convenio 169Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, el doctor Aldo Atarama, tras su visita a internos pertenecientes a las comunidades indígenas 1

“El asunto es que estamos tratando de trabajar esto con algunos legisladores de Lima para ver qué salida les podemos dar a la situación de estas personas que se encuentran privadas de su libertad y que pertenecen a las comunidades indígenas”, indica el Dr. Aldo Atarama, presidente de la CSJL.
“Es evidente que la mayoría de estas personas han sido condenadas sin darle el tratamiento que corresponde porque si es necesario establecer que hay una legislación especial como es el caso de Convenio 169 e incluso de acuerdo a las normas nacionales y la propia Constitución”
Recuerda que en la Constitución de 1993, el Estado reconoce el carácter pluricultural de la nación y, en ese marco, el derecho a la identidad cultural, así como el derecho consuetudinario y la jurisdicción especial (justicia indígena y campesina), junto a otros derechos de las comunidades campesinas y nativas. En 1994, Perú ratifica el Convenio 169 de la OIT. También se han impartido importantes leyes para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial, la educación bilingüe intercultural, la propiedad intelectual de conocimientos tradicionales, y la creación del Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA).
“En esta legislación se propone incorporar a favor de los integrantes de los pueblos indígenas un mecanismo que coadyuve a evitar situaciones de indefensión de dichas personas, causada principalmente por la carencia de ingresos económicos y conocimientos sobre la justicia occidental”.
Asimismo, dio a conocer que gran parte de estas personas privadas de su libertad han incurrido en delitos como narcotráfico, homicidio y hasta violación. (MIPR)