- En obra de la comunidad de Huacachina-Bellavista.
Las administraciones ediles en gran parte del país terminan colapsando por los graves signos de irregularidades que muestran los mismos que muchas veces terminan convertidos en delitos penales que llevan a la cárcel a varios jefes o jefas del pliego municipal.
Se tiene conocimiento que a través del oficio 205-2017 del 24 de julio de 2017, la gerencia de obras, infraestructura y acondicionamiento territorial de la mencionada municipalidad, remitió a la gerencia de administración a fin que en el plazo que no exceda del 02 de agosto, envíe a asesoría legal para su pronunciamiento de Ley.
Mediante oficio 313-2017 del 04 de agosto la gerencia de administración de la municipalidad del Tigre, solicitó opinión legal a asesoría jurídica, respecto a la Aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PRESTRACIÓN ADICIONAL de Obra 01, “Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del saneamiento en las localidades de Huacachina y Bellavista, distrito del Tigre”.
A través del Informe 016 del 07 de agosto el órgano de asesoría jurídica se pronunció. Puntualizó lo siguiente: “La entidad contaba como plazo máximo para notificar la resolución correspondiente, hasta fecha 02 de agosto de 2017 sin embargo, esto no fue posible porque desde el 24 de julio la gerencia de administración tuvo en su poder el expediente técnico de ampliación NO derivando el expediente al órgano de asesoría legal externo hasta la fecha del 04 de agosto de 2017. Es decir, dos días posteriores vencidos a la fecha máxima para notificar la resolución a la Contratista”.
Por lo que dejaron en claro que la gerencia de administración tuvo responsabilidad funcional por la omisión advertida, solicitando ante la Procuraduría Anticorrupción que interponga la denuncia correspondiente ante la fiscalía anticorrupción, como en efecto ha ocurrido.
Igualmente enviaron una serie de nombres de funcionarios de la municipalidad del Tigre, con altas cifras entregadas como incentivos laborales a los del nivel F2 quienes se beneficiaron con 3,171.88 soles. Franck Mathews Delgado, Juan Roberto Falcón Cometivos. De ello responsabilizan a la alcaldesa Betty Vergara Arimuya y a la gerente de administración Lissy Natividad Moreno López.
Aunque ellos al final firman la denuncia. Lissy, dice que la alcaldesa puso a otra persona en la administración sin antes haberle enviado un memorándum de despido a ella. Finalmente, piden que investiguen a fondo el caso del trabajador Lorenzo Pimentel Padilla, por un tema de beneficios laborales.
