Resulta muy interesante que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de su programa Impulsa Perú, haya certificado las competencias laborales de 90 trabajadores del hogar de Lima y Callao. Aunque el número resulte irrisorio para innumerable cantidad de hombres mujeres dedicadas a este oficio.
Lo positivo es que este oficio al certificarse implica una calificación, vale decir es la constancia de la competencia laboral, del desempeño y por lo tanto implica mejoras en diversos aspectos y derechos que la ley prevé.
La información dice que de esta forma, el MTPE reconoció las destrezas de 11 hombres y 79 mujeres, quienes adquirieron sus habilidades de manera empírica, y podrán desarrollar su empleabilidad para acceder a una mejor remuneración.
Durante la ceremonia de certificación, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Barreda, detalló que los trabajadores del hogar fueron evaluados por el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur). Además, les realizaron pruebas de conocimientos y desempeño en la institución y en las casas donde laboran como preparar, servir alimentos, limpieza de ambientes y prendas de vestir.
Las competencias básicas de un trabajador del hogar son capacidad para escuchar y para solucionar problemas, así como la sociabilidad.
Todo este avance resulta muy interesante, se ha empezado con la formalidad y quienes accedieron a esta certificación son personas adultas que han recuperado su autoestima porque siempre esta forma de trabajo no fue valorado en su integridad.
Este paso dado por el Ministerio de Trabajo tiene que replicarse en las Direcciones Regionales de Trabajo, donde además existe un enorme vacío que si no es competencia directa, algún sector debería asumirlo, y es sobre la empleabilidad doméstica de centenares de niños, niñas y adolescentes, sin derechos y una especie de esclavitud moderna.
Nadie aboga por ellos que están como secuestrados en muchas casas familiares de Iquitos y de otros lugares de la región y del país, solo cuando se dan casos de denuncias por los vecinos o cuando alguna menor escapa a contar su trama, el caso no pasa de lo policial o judicial, pero de una política de Estado por acabar con esta forma de violencia. Nada. O muy poco se ha hecho para erradicarlo.