La economía en general en nuestro país y por supuesto acá en Loreto, está en el proceso de reactivación económica que incluye el reinventarnos, pero hay sectores como el de los pescadores y acuicultores que no tienen otra opción que seguir vendiendo sus productos hidrobiológicos.
En nuestra región donde estamos rodeados de agua podría pensarse que hay una abundante producción pesquera y de comercialización, pero esto solo es verdad hasta cierto punto, porque la tecnología no ha sido todavía aplicada como para mejorar este sector.
Hay mucho por sentar bases en la pesquería de Loreto, para lograr mejor producción y mejores ventas, claro que se necesita de capacitaciones y el acompañamiento técnico necesario para quienes desarrollan esta actividad de forma individual o colectiva.
Es por eso que el anuncio del Ejecutivo de haber aprobado un proyecto de ley que promueve el consumo y adquisición de especies a los pescadores artesanales, cooperativas pesqueras, pequeños productores acuícolas y MYPE, nos llega como una iniciativa de buena intención.
Y podemos darnos cuenta que muchas leyes en nuestro país, están llenas de buenas intenciones, pero al no haber analizado profundamente los entrampamientos para que una normativa se pueda cumplir, simple y tristemente corre el riesgo de quedar como letra muerta, o que solamente pueda aplicarse en alguna parte del territorio nacional, pero no en todas las realidades regionales.
En la normativa que señala que Produce destinaría 77 millones de soles para la compra de pescados, se habla también de productores acuícolas formalizados, cuando en esta parte del país el proceso de formalización se ha dado, pero con debilidades presupuestarias para llegar a la mayoría de pescadores.
La norma es muy alentadora, pero en paralelo se tiene que promover la formalización de los pescadores, con mucha más intensidad para que puedan ser considerados como beneficiarios de la ley figurando en los registros nacionales.
Otro aspecto que se tiene que tener en cuenta también en esta propuesta de ley, es que, si las entidades del sector público le van a comprar directamente a los pescadores, se deben dar las condiciones desde sus propias reglamentaciones internas, porque si las mismas les impide, entonces no se va poder cumplir la nueva norma a cabalidad. Hay tiempo todavía para generar mejores condiciones.