Esta frase que significa mucho está venida a menos. Es el reflejo de una sociedad en crisis generalizada, porque para ejercer autoridad se tiene que tener consistencia basada en la coherencia de acciones de vida. Y es que cómo se puede exigir el cumplimiento de normativas si no se ha demostrado ser los primeros en acatarlas.
En la vida institucional funciona de la misma forma. Es por ello que luego de haber cumplido el debido proceso el día martes se cumplió con el desalojo en los terrenos de propiedad de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y del Ministerio de Vivienda, ubicada casi frente a la sede del gobierno regional de Loreto.
Estaban avisadas las personas que ocuparon esos espacios y construyeron sus viviendas, y lo peor que realizaron pagos que serían de entre 4 a 10 mil soles. El que habría ocasionado toda esta figura de estafa sería Roberto García Padilla, quien al parecer será denunciado por la entidad propietaria del terreno.
Lo que más llama la atención en este caso es que varias veces intentaron invadir y siempre les indicaron que no deben hacerlo, porque para empezar es una propiedad privada, en segundo lugar la entidad propietaria no ha mostrado ningún interés en venderlo por lotes.
Que se llegue hasta este punto de que se ejecute un desalojo siempre resulta doloroso para todos, porque se trata de una inversión en madera, clavos, calaminas y otros materiales de construcción, que en gran medida se pierden o deterioran, así como el juntar las pertenencias y trasladarlos a otro lugar.
Han sido desalojadas las personas que habitaban 160 viviendas, con todo el drama que situaciones como éstas acarrean, sobre todo pensando en los más pequeños de las familias que ya estaban asentadas en ese lugar, y por supuesto de las personas de la tercera edad. Para ellos el impacto emocional es mayor.
Esta es una muy dura experiencia para que nadie se deje estafar de la forma como ha ocurrido con las familias de este desalojo. Reiteramos, se sabe que fueron advertidos, además tenían conocimiento que están en una propiedad privada, del Estado, pero privada. No estaba en condición de libre disponibilidad del Estado. Ojo, no era esa la figura. La propiedad es de dos entidades estatales.
Cómo reparar lo perdido, qué hacer, cómo quizás pagar deudas por un espacio que ya no existe, porque muchos habrán realizado préstamos monetarios para instalar sus viviendas. Eso parece fue el caso de un hombre que lloraba desconsoladamente por su vivienda construida al precio de 80 mil soles. Terrible no? Mientras se espera que a los responsables de este delito de estafa, les apliquen la ley con firmeza. Así como en este desalojo se demostró que se puede recuperar el principio de autoridad. La personas se retiraron resignadas, hubo resistencia, pero todo estaba consumado.
Principio de autoridad
