Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir las normas dentro de una jurisdicción. Eso es ciudadanía. No puedo pretender llamarme ciudadano a carta cabal si quiero hacer lo que me da la gana, con mayor razón si se trata de una autoridad que debe dar el ejemplo. Pero, sucede que tenemos distorsionado el concepto de tener una jerarquía obtenida por voto popular y por determinado tiempo.
La inmunidad parlamentaria con la que gozan los congresistas de nuestra República, no quiere decir que van a violar las normas y las leyes. Es una medida que les protege en el tiempo de sus funciones frente a denuncias que puedan realizar a favor del país y de las jurisdicciones a las que representan.
Lo que ha pasado con las jóvenes policías que intervinieron al congresista Víctor Grández Saldaña porque no usaba el casco de seguridad, es una pequeña muestra de cómo se manejan muchas cosas en el país. Las influencias, el poder político mal utilizado, la prepotencia para transgredir las normas.
Cualquier ciudadano puede ser intervenido cuando maneja su moto sin casco, menos un congresista de la República. Si sucede, las que se «atrevieron» a querer hacer cumplir la legalidad en la que se basa su labor, no faltará una autoridad primera llamada en hacer cumplir la ley «que las denuncie por abuso». ¿Alguien entiende esto?
Sí, es una pequeña radiografía de cómo estamos en el país, enfermos de anticivismo. De haber procedido la denuncia contra las dos policías, veremos qué resultados tendrán las investigaciones. Faltan pocos días para que el referido congresista pierda su inmunidad parlamentaria. Cuál será la postura de Inspectoría Regional de la Policía. Sus correctas agentes están en el banquillo de los acusados por cumplir con sus funciones. Esto parece un caso de la famosa serie de televisión «La tremenda Corte», pero no, es la realidad.
