Desde el año 2014 como que empezó una nueva etapa para las comunidades indígenas en lo que se refiere a contar con agua segura para consumo humano, pues fueron 63 comunidades nativas las atendidas en las entonces cuatro cuencas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón), y se trató de Plantas Potabilizadoras de Agua, y no de Tratamiento Intradomiciliario Mi Agua.
Lo que ha observado el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruíz, son dos aspectos: el tipo de sistema de instalación, su potencialidad, sostenibilidad y el costo, en comparación con el anuncio de dotar de agua a 70 comunidades de la cuenca del río Marañón, cuyos pobladores vienen consumiendo agua con metales pesados y restos fecales.
En ambos casos la atención del Estado se da tras la declaratoria de emergencia en dichas jurisdicciones como consecuencia de haber sido afectadas por derrame de crudo de petróleo. Así, el 2014 se atiende las cuatro cuencas con S/. 48’467,597.78 y se trata de la instalación de Plantas Potabilizadoras, y además con una persona capacitada en cada comunidad para mayor control sobre el manejo.
Actualmente, frente a la nueva emergencia se destina para 70 comunidades de la cuenca del Marañón la instalación del Sistema de Tratamiento Intradomiciliario Mi agua, que consiste en un kit que se le da a cada familia para purificar el agua, en base a remover un trozo de alumbre con el brazo en un recipiente con agua. Así explicó Juan Carlos Ruíz, quien nos hace notar la diferencia del costo, S/. 84’721,375.50; es bien marcada la diferencia.
La suspicacia radica en que todo parece indicar que el sistema instalado en las cuatro cuencas el 2014, es de mejor calidad que la que se piensa instalar en el Marañón. Eso en cuanto a la instalación. Respecto a su potencialidad se sabe que el sistema intradomiciliario que quieren instalar sirve para sedimentar partículas, mas no para eliminar metales pesados o hidrocarburos. Tampoco se muestra sostenible en el tiempo. Y la enorme diferencia del costo es otro detalle.
Lo que vemos también es que se está trasladando la responsabilidad del manejo del sistema de tratamiento del agua que van a consumir a cada una de las familias, como que si el Estado quisiera quitar el cuerpo del mantenimiento de las instalaciones, lo que sí tendría que ocurrir al instalarse plantas de tratamiento.
Esto sin duda como lo dice el letrado del IDL merece una amplia explicación por parte del Gobierno central, antes de que al poco tiempo de uso se conviertan en “inservibles”, como ocurrió con ciertos pozos artesianos instalados por la OXI en la década del 90. Solo sirvieron un tiempo y luego por falta de mantenimiento dejaron de ser utilizados. Hay tiempo para correcciones, aunque los pueblos esperan agua en situación de Emergencia.
Agua sin metales
